Tras acuerdo, escoltas de la Unidad de Protección levantaron su protesta pero siguen en máxima alerta

Las organizaciones que conforman la Mesa Intersindical de la Seguridad calificaron de fructíferos los acuerdos logrados con la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que permitió a los escoltas que laboran para esta entidad levantar el movimiento de protesta que adelantaron el martes de esta semana.

Se trata de los escoltas que brindan seguridad a políticos, líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos que tienen algún tipo de amenaza. Están agremiados en ocho organizaciones sindicales: Sintrasecol, Sinproseg, Unsitraseg, Memoria viva, Asep, Analtraseg, Sinecol y Sintraunp, que integran la Intersindical de la Seguridad.

El martes, un nutrido grupo de escoltas con sus familias y el acompañamiento del movimiento sindical, se plantaron al frente a la sede de la UNP en Bogotá para exigir que la entidad les reconozca sus derechos laborales. Una protesta que se da en un momento en que el país pasa por una racha de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuya protección está precisamente a su cargo.

El acuerdo se logró el mismo día martes tras una reunión y negociación de cuatro horas en la dirección de la UNP, en la cual, aparte de la Mesa Intersindical, también participaron los operadores privados, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo.

Jorge Gómez, secretario general de Sintrasecol, se mostró complacido por el éxito de la jornada de protesta y el avance logrado, gracias a la unidad de acción de los distintos sindicatos de la UNP con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT.

Sin embargo, la Intersindical sigue en máxima alerta y a la espera de que se cumplan los acuerdos, porque de lo contario continuarán con las acciones de protesta, dijo a su vez Rodrigo Jiménez Patiño, de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg. “El acuerdo mejora el servicio que prestan los escoltas, y con eso los primeros beneficiados son las personas que los escoltas protegen”, dijo.

Destacó que la protesta se adelantó sin desproteger a las personas amenazadas, porque se desarrolló de tal forma que no se afectó el servicio, no hubo quejas al respecto. Esto en respuesta a la Defensoría del Pueblo que temía que eso ocurriera, y al director de la UNP, Pablo Elías González, quien manifestó que el servicio que prestan los escoltas es “esencial”, suspenderlo vulneraría un derecho fundamental de los protegidos, y además podría acarrear sanciones penales en contra de UNP y sus operadores privados.

Plantón de grupo de escoltas el pasado martes. (Foto de Cortesía)

El tema de la tercerización

La principal queja de los escoltas adscritos a la UNP tiene que ver con la tercerización laboral mediante uniones temporales con empresas de seguridad privada. Afirman que de allí se derivan los problemas laborales que padecen, esto es, el no pago oportuno de salarios, no reconocimiento de descansos, no pago de horas extras y viáticos, que muchas veces deben costear de su bolsillo.

La tercerización laboral en la UNP viene desde hace diez años. Hoy la gran mayoría del cuerpo de escoltas que presta seguridad a los políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, pertenece a empresas de seguridad privada. Como éstas no tienen suficiente capacidad para cubrir todo el servicio, se asocian en uniones temporales y se presentan a licitación.   

La UNP tiene 300 escoltas como empleados de planta, que vienen desde la homologación que se hizo cuando se acabó el DAS y los agentes pasaron a la UNP. Éstos tienen contrato de provisionalidad, no pueden ascender porque no están en carrera administrativa. Su salario, más un bono que reciben, asciende a $1´900.000. A éstos se suman los 1.200 escoltas que prestan seguridad para los desmovilizados de las FARC y su partido político, producto de los acuerdos de La Habana que creó la Subdirección Especial para la Paz.

El resto de los escoltas adscritos a la UNP están vinculados a empresas de seguridad privada con las que la UNP licita. Según la licitación que esta próxima a salir, son cerca de 5.000 los escoltas tercerizados a través de estas empresas, en condiciones laborales distintas a los escoltas de planta, desventajosas en algunos aspectos. La inestabilidad laboral entre ellos, pues los contratos con las empresas de seguridad en cualquier momento se acaban.

En esa materia, el logro de la Mesa Intersindical en la negociación con la dirección de la UNP, fue que ésta se comprometió a presentar un proyecto para vincular a su planta 550 hombres y mujeres escoltas. Se trata de un comienzo, pues apenas representan una décima parte de los escoltas que trabajan para la entidad bajo tercerización laboral.

El presupuesto no alcanza

La crisis en la UNP nace básicamente en el problema presupuestal. Es una entidad que pasó de tener 500 escoltas en 2009, y 3.050 en el 2016, a tener hoy, según la licitación en marcha, 4.856 escoltas en esquemas fijos, más los escoltas de relevo (relevantes), que cubren los días de descanso de los primeros. Por cada 10 escoltas fijos debe haber un relevante.

O sea que en los últimos tres años el programa de protección de la UNP creció el 60%, con un presupuesto de funcionamiento que hoy asciende a medio billón de pesos, que sin embargo no alcanza a cubrir la demanda de personas amenazadas que buscan protección del Estado.

Según Rodrigo Jiménez, de Sinproseg, cada mes solicitan protección cerca de 3 mil personas, y cada analista de riesgos debe analizar 30 casos por semana, con la orden de evacuar los que, según el estudio de riesgo, estén en mayor peligro. Todo el trámite dura entre 4 o 5 meses, por lo que ha ocurrido que cuando a una persona le aprueban el esquema de seguridad, ya la han asesinado.

Para Rodrigo Jiménez, la UNP no tiene el presupuesto completo para funcionar este año porque hay un desfinanciamiento, resultado de que no se proyectó el crecimiento de las necesidades de protección a personas amenazadas. “Se pensó que como se firmó la paz se iban a desmontar muchos esquemas de seguridad, y eso es falso. Porque como ocurre en toda negociación de paz, el posconflicto puede ser peor que el mismo conflicto”, anotó.

Con su presupuesto actual, la UNP no alcanza a cubrir todo el año 2019, hacen falta $270 mil millones. Por eso la próxima licitación será solo para 5 meses, como recurso de emergencia mientras se consigue el presupuesto faltante para el segundo semestre, según la explicación que dio el director de la entidad.

Otros puntos acordados

El primer punto del acuerdo precisa que no haya retaliación ni represalias contra ninguno de los afiliados a los sindicatos que participaron en la jornada de protesta de este martes.

En lo relativo al pago de horas extras, se acordó que a los escoltas relevantes estas horas se les pague igual que a los escoltas fijos, toda vez que ambos realizan el mismo trabajo.

En cuanto al pago de viáticos, la UNP se comprometió a garantizar completos los viáticos de los escoltas en todos los viajes y deslazamientos que hagan con la persona que deben proteger. Y también a agilizar su pago, en lo posible por anticipado, porque lo que hoy existe es que los viáticos se les pagan 2 o 3 meses después de causados. A este respecto se acordó que una vez finalice la licitación, el tema se trate en una reunión con la Mesa Intersindical y los operadores privados que ganen la licitación, para acordar el procedimiento de pago de los viáticos.

El armamento de dotación también fue tema de negociación. La Mesa Intersindical solicitó que sea un armamento modelo 2012 como mínimo, ya que están utilizando armamento modelo 2010. 

Otro punto que se abordó fue el reconocimiento del alto riesgo de la profesión de escolta. La UNP reconoce que en efecto es un servicio de alto riesgo, pero para tener tal calificación requiere una ley del congreso. “De ahí que las organizaciones debemos trabajar mancomunadamente en la presentación de un proyecto de ley en ese sentido, contando con que la dirección de la UNP se comprometió a dar su concepto favorable”, indicó Jiménez.

Asimismo, la UNP aceptó eliminar el límite de edad para ser admitido en el programa de protección. Los sindicatos consideran que es un requisito discriminatorio, ya que un trabajador en Colombia se pensiona a los 62 años. Ese es el límite. Hay otros requisitos que avalan las capacidades del hombre o mujer escolta.

Finalmente, se tocó el tema de los vetos laborales y sindicales. La Mesa Intersindical expuso varios casos de operadores que no respetan los fueros y permisos sindicales, o han despedido o vetado escoltas por reclamar en defensa de sus derechos laborales y de asociación sindical, dejándolos sin la posibilidad de ser contratados en las regiones donde los operadores tienen presencia. La UNP se comprometió a corregir esa anomalía.

Tomado de: Agencia de Información Laboral.