Trabajadores enfermos se tomaron las calles de Bogotá para hacer visible su drama

La “locomotora” minera arrastra un enorme vagón de discapacitados

El sistema de seguridad social colombiano enferma a los trabajadores

Se multiplican en el país asociaciones de trabajadores enfermos

Indignados y cansados de que sus reclamos se dilaten y se represen sin esperanza, unos 300 trabajadores enfermos, especialmente por efecto de la actividad minera, en un hecho sin precedentes marcharon por las calles de Bogotá el 21 de marzo pasado, para mostrar sus dolores, exigir el derecho a la salud en el trabajo, y denunciar las graves falencias y la corrupción que carcome el sistema de seguridad en riesgos profesionales, causante en gran parte del drama que hoy padecen.

Rengueando, o apoyados en bastones y aparatos terapéuticos, los trabajadores enfermos marcharon por la Carrera Séptima de Bogotá para denunciar cómo el sistema de seguridad social enferma a los trabajadores, y gritar “NO MÁS” a la falta de pago de incapacidades y rehabilitación integral, a las juntas calificadoras amañadas, a la ausencia de regulación del Ministerio de Trabajo, a la Ley 100 y a la privatización de la salud, que es la que propicia todas estas anomalías.

Además, marcharon para apoyar varias iniciativas que hoy cursan en el Congreso, las cuales buscan regular el sistema público de seguridad laboral de conformidad con las normas internacionales, definir el accidente de trabajo, ampliar la tabla de enfermedades profesionales, y establecer el régimen pensional especial de la minería a cielo abierto.

Asistieron a la marcha trabajadores afiliados, entre otras, a la Asociación de Enfermos de El Cerrejón (que lideró la organización de la protesta), a la Asociación de Enfermos de la Drummond, de Sintramienergética del Cesar, de Sintraelecol, mineros de Cerromatoso, de Norte de Santander, de El Bagre (Antioquia), de la USO, y de la Minga indígena, toda vez que la comunidad Wayúu de la Guajira también está afectada en su hábitat y medio ambiente por la explotación minera.

Incluso marcharon miembros de la Asociación de Enfermos de Colmotores, que constituyen un caso especial de injusticia y abandono. Son trabajadores que desde hace 240 días instalaron una carpa al frente de la Embajada de Estados Unidos para denunciar la angustiosa situación a la que los tiene sometidos la General Motors, una de las multinacionales más poderosas del planeta que, con olímpico desprecio, se comporta como si sus trabajadores enfermos no fuesen asunto suyo. Lo único que hasta ahora han logrado es que el Ministerio de Trabajo despidiera a un inspector amangualado con la multinacional y la ARS para fallar siempre en contra de los trabajadores enfermos.

Fue una jornada para denunciar cómo el sistema de seguridad social afecta integralmente al trabajador, desde la enfermedad, la calificación de ésta, su recuperación y rehabilitación, hasta la pérdida de su capacidad laboral. “Es un sistema corrupto, diseñado a favor de las empresas y en contra del derecho de los trabajadores. Las juntas calificadoras casi siempre declaran las enfermedades laborales como simples enfermedades comunes”, señaló José Brito, directivo de Sintracarbón, miembro del Concejo Nacional de Riesgos Profesionales, y uno de los líderes de la protesta.

“Ésta es la Colombia olvidada, éste es el mundo del trabajo que no tiene alternativas, éstos son los trabajadores abandonados por los empresarios, el Estado y las normas legales; y como nadie los escucha, decidieron sacar el problema a las calles, para que el país, el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación conozcan que hay un mundo del trabajo enfermo”, aseveró Tarsicio Mora, presidente de la CUT, quien también asistió a la marcha.

Cifras que enferman

Según el Ministerio de Protección Social, en el 2010 se reportaron 538.911 accidentes de trabajo, de los cuales se calificaron como tales 442.900. En este mismo año se reportaron 958 muertes en el trabajo, y se calificaron como tales 489, la mitad. Y a septiembre de 2011 se reportaron 683 muertes, de las cuales sólo se calificaron 289, menos de la mitad, siendo los sectores de la construcción, la minería y el transporte los más afectados.

Pero en la realidad el número de accidentes y muertes en el trabajo es mucho mayor, si se considera que tales registros sólo incluyen los trabajadores afiliados al sistema de riesgos profesionales: 6`827.500 personas en 2010 (35.5% de la población ocupada), no a los independientes ni a los informales (unas 12 millones de personas), que están por fuera del sistema, entre ellos la pequeña minería, que cotidianamente arroja altas cifras de fatalidades.

En cuanto a enfermedades laborales, en 2010 se reportaron 12.609, de las cuales se calificaron como tales 9.410. En el 2011 se nota un leve bajón, pues a septiembre se habían calificado 6.788; lo que no quiere decir que necesariamente haya disminuido el riesgo, o que los empresarios hayan mejorado las condiciones laborales, sino que las ARP demoran malévolamente el proceso, hasta 8 o más años, en manguala con las empresas y funcionarios del Ministerio del Trabajo, según se denunció. Al punto que muchos trabajadores fallecen esperando que les den la calificación de su enfermedad. Las Organización Mundial de la Salud y la OIT consideran, según sus parámetros, que en nuestro país se deberían diagnosticar en promedio de 25 a 30 mil casos por año.

Las cuentas de Sintracarbón, sindicato de El Cerrejón, de minería a cielo abierto, dicen que allí ya son cerca de 800 los trabajadores con patologías resultantes de la actividad minera, desde cuanto el complejo carbonífero inició explotación. Pero lo más grave es que sólo al 20% de ellos se les ha reconocido sus patologías como de origen profesional, el resto adelanta litigios jurídicos para demostrar que éstas son producto del trabajo que realizan en la mina.

Cómo enferma la gran minería

Según Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, en la minería a cielo abierto, caso El Cerrejón, hay actividades y condiciones muy riesgosas y que enferman (afecciones de los hombros, columna vertebral, túnel carpiano, pulmones, etc.). Y sin embargo, no está calificada en la ley como una actividad de alto riesgo.

Se cuentan por lo menos 400 casos de trabajadores con patología lumbar, resultado de estar expuestos a la vibración de los equipos que manejan, en turnos de 12 horas sentados. El sólo golpe del descargue en el camión pala, por ejemplo, que es un vehículo gigante y pesado, produce efectos inevitables en el sistema osteomuscular del trabajador.

Adicionalmente, el polvillo de la remoción de tierra y carbón produce silicosis y antracosis, o las dos. Éstas son enfermedades del sistema respiratorio que la empresa no reconoce como de origen profesional, alegando que en la mina y en el puerto se trabaja dentro de la seguridad y los límites permisibles, y que la causa mayor de tales afecciones no es la actividad minera sino el polvo que los vehículos levantan en las destapadas carreteras de La Guajira. Pero para Igor Díaz tal argumento es débil, porque bien sabido es que la extracción de una tonelada de carbón a cielo abierto implica la remoción de 7 toneladas de tierra, que dejan mucho polvillo flotando en el aire.

“Las biopsias que se les han hecho a algunos compañeros dicen que tienen sílice y carbón en los pulmones, e incluso ya hubo dos compañeros muertos por silicoantracosis. Y el año pasado otros dos compañeros se suicidaron por problemas sicosociales asociados al estrés”, puntualizó Igor Díaz.

El directivo reconoce que la empresa hace esfuerzos en seguridad, en control de riesgos, pero aún así los trabajadores se enferman. Incluso enseña un documento emitido el año pasado por el Ministerio de la Protección Social, que muestra que el programa de salud ocupacional de El Cerrejón no está acorde con la realidad de los trabajadores. Pese a que reconoce que los trabajadores están expuestos al riesgo, la empresa no realiza exámenes al momento de ingreso del trabajador, el análisis que hace del puesto de trabajo no es el adecuado a la labor que realiza, y sólo presenta los valores de riesgo del último año, no de los años precedentes, que fue cuando los trabajadores se empezaron a enfermar.

Es más, El Cerrejón tiene un empleado pagado que va a las juntas de calificación nacional a controvertir el historial clínico de los trabajadores. Y lo curioso es que los casos casi siempre los califica la misma junta, en la que, según Igor Díaz, hay un personaje que fue presidente de la ARP Positiva y tuvo negocios con El Cerrejón. “Esa persona carece de la objetividad para calificar una enfermedad”, agregó.

Caso de Alfonso Cepeda:


Afiliado a Sintracarbón, mecánico de 46 años de edad y padre de dos hijos. Hace 5 años le diagnosticaron envenenamiento por benceno, diclorometano y plomo, adquirido en el taller de mantenimiento donde laboraba, en contacto permanente con pinturas y otros productos químicos. Hace dos años está incapacitado, sujeto a quelaciones (diálisis) y a medicación permanente; padece además trastornos de personalidad y afectación del sistema nervioso. La ARP aún no lo ha evaluado para su pensión por invalidez. Como él, con la misma enfermedad, hay 8 trabajadores más en El Cerrejón, entre ellos José Morales Vega y Hugo Padilla.

Caso de Carlos Julio Mendriz:

Denuncia que desde hace 10 años la empresa lo despidió estando enfermo y operado de una afección en la columna, producto de un accidente laboral. La causa del despido fue que la droga que le recetaron para su enfermedad le produjo somnolencia y se durmió en el puesto de trabajo a las 3 de la mañana, situación que la empresa aprovechó para despedirlo con “justa causa”, negándose además a indemnizarlo. Después de 5 años de brega para lograr que su enfermedad fuera catalogada como profesional, ahora busca que la ARP le reconozca la pensión de invalidez porque ya no puede trabajar: tiene afectada la columna y los hombros, problemas gástricos, auditivos y hasta siquiátricos, pero sólo está
calificado con el 41.8% de pérdida de capacidad, lo
que no le alcanza para obtener su pensión.

En la Drummond la situación es peor

Para empezar, esta multinacional, que ocupa 7 mil obreros entre la mina y el puerto, todavía no reconoce la asociación de sus trabajadores enfermos, que lleva dos años de fundada y hoy tiene 569 afiliados, 376 activos en la mina y el resto despedidos por estar enfermos o accidentados, ninguno de ellos con indemnización. Sólo uno logró su pensión de invalidez, que apenas disfrutó dos años porque se murió de cáncer.

Se trata de una empresa en la que el índice de accidentalidad, según lo denuncia la Asociación, es muy alto: en 10 años ha tenido 6.457 accidentes de trabajo, y un alto número de enfermos, sobre todo en el área del puerto, donde para el cargue del carbón se utiliza una tecnología de bandas que favorece la dispersión de polvillo. Tanto así que el mes pasado la empresa fue multada con $220 millones por no tener un programa de seguridad industrial adecuado.

Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Enfermos de la Drummond, afirma que entre los trabajadores hay muchas patologías de origen laboral: hernias discales, manguito rotador, afección de rodillas, silicoantracosis, cáncer de pulmón y problemas siquiátricos. Pero las ARP Colmena y Colseguros les niegan su clasificación como enfermedades profesionales.

La historia de Pérez no es distinta de la del resto de sus compañeros: después de 5 años de trabajo fue despedido tras sufrir un accidente laboral, hoy camina en muletas y tiene todas sus energías puestas en denunciar las anomalías en la Drummond y sacar adelante la Asociación, lo que le ha valido persecuciones y amenazas contra su vida. La última ocurrió hace tres semanas en el centro de Santa Marta, donde dos hombres lo golpearon y amenazaron con armas de fuego.

“La Asociación ha servido por lo menos para presionar a la empresa a mermar los despidos de trabajadores enfermos”, afirma Pérez, y espera afiliar próximamente a 180 trabajadores enfermos de Prodeco y a 300 de Carboan, minas ubicadas en la región del Cesar.

Por su parte Witney Chávez, director del Departamento de Seguridad Social y Salud de la CUT, señaló que prueba elocuente de la dimensión del problema, es que los mismos enfermos, en un número muy significativo, se hayan desplazado desde tan remotas regiones hasta Bogotá para exigir soluciones al Gobierno y al Congreso. “El trabajo no puede ser síntoma de enfermedad y muerte. Así que esperamos que en las próximas convocatorias aparezca un número mayor de manifestantes, teniendo en cuenta la gravedad de su situación”, agregó.  




Por Agencia de Información Laboral


Escuela Nacional Sindical