La CUT considera que en las elecciones del Congreso de la República y de la consulta interpartidista del pasado 11 de marzo, hubo avances gracias a las curules alcanzadas por partidos y movimientos vinculados a corrientes políticamente comprometidas con expresiones democráticas y progresistas.
Esto se expresa en la posibilidad de una bancada en el Congreso que puede superar el 30% de la representación, teniendo para ello presente las curules ganadas por la Alianza Verde, el Polo Democrático, los Decentes, los Indígenas, el Mira, las curules asignadas a la Fuerza del Común y algunos congresistas de otros partidos y movimientos, que pueden compartir posiciones y expresiones de esta naturaleza.
De igual manera, la CUT resalta el significativo registro de tres millones y medio de electores alcanzado en la consulta interpartidista “de la inclusión social por la paz”, en la que participaron Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Sin embargo, la CUT expresa que en la mayoría del Congreso recién elegido siguen presentes expresiones vinculadas a la antidemocracia, la corrupción, la guerra y la persistencia en un modelo económico, social y laboral, que explican las difíciles situaciones por la que atraviesa la Nación y el pueblo colombiano, lo que avizora nuevas medidas regresivas que agravarán la crisis económica, social y política del país.
En la consulta interpartidista de la extrema derecha, desafortunadamente se vieron las expresiones más regresivas del país vinculadas a la corrupción, a hacer trizas los acuerdos de paz y a fortalecer económica y políticamente a las grandes corporaciones y el capital financiero.
Levantó olas la proclamación de Claudia López como aspirante a la primera magistratura por el Congreso de Alianza Verde. Lógico, porque la candidata presidencial verde perfiló un liderato contra la gran corrupción cuyas escandalosas revelaciones han indignado tanto la nación. Los cuatro y medio millones de firmas depositadas por ciudadanos de todas las banderías en apoyo a la campaña contra ese flagelo al frente de la cual se destacó la senadora, son también elocuente reconocimiento de su papel. Una de las consecuencias positivas de la crisis provocada por la profundización del conocimiento del gran público sobre las prácticas más corruptas del país. Que, cual sísmica conmoción, cuestionan los viejos caudillajes y baronazgos, a la par que agrietan los cimientos del statu quo colombiano y pueden redireccionar la confianza de decisivas multitudes hacia nuevas salidas democráticas.
Tocada una de las fibras más sensibles del país, la airada repulsa contra la corrupción en las cúspides mismas del Estado, se desató una masiva tendencia a cortar por lo sano con quienes la personifiquen, a descubrir y denunciar sus fechorías ocultas o, simplemente, a demandar la verdad de los relacionados con sus ramificaciones. O sea, que el curso mismo de los hechos nos está diciendo que el caudal público puesto en movimiento podría volverse arrollador y, por tanto, llegar a tener un peso decisorio en las elecciones presidenciales de 2018. No es casual que con el retiro del antiguo candidato del Centro Democrático, Zuluaga –y el de mayor arrastre electoral de esa agrupación−, a consecuencia de Odebrecht, el uribismo haya tenido que encajar un notable percance. Ni tampoco que el exzar de la Infraestructura, Germán Vargas Lleras, distante hipercrítico del proceso de paz pero beneficiario del gobierno que lo presidió, haya decidido inscribir su candidatura mediante firmas en lugar de bajo el alar de su fementido Cambio Radical. Agrupamiento este del vargasllerismo, un tanto chamuscado ya, por sus conocidos avales a los artífices de la corrupción en La Guajira, por la militancia en sus filas del exzar Anticorrupción de la Fiscalía, protagonista del escándalo que involucra a dos expresidentes de la Corte Suprema y a otros magistrados, como por la extraña ignorancia sobre las andanzas de Odebrechet, cuyo contrato se ejecutó en buena parte a cargo de dependencias y entidades del gobierno bajo control del exvicepresidente.
La corriente contra la corrupción vino a agregar quizá la más potente carga anímica al “estado de la opinión” en Colombia. Se superpuso a otras circunstancias básicas que ya venían incidiendo considerablemente en la percepción pública: la intensa campaña del uribismo contra los acuerdos de paz y la creciente inconformidad popular por el rudo bajonazo de la economía y el deterioro de la situación social. Se generó entonces una imagen generalizada de la situación del país en la que, al tiempo que el repudio a la corrupción y la desaprobación al actual gobierno por su política económica y social se agrandaban hasta copar casi por completo el escenario nacional, decreció sustancialmente a su mínimo nivel la atención pública concentrada en el proceso de paz durante el año pasado.
El debate sobre la estrategia antidrogas está tan politizado que los protagonistas de la discusión parecen haber olvidado que el país ya experimentó todo en su lucha contra la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína y que nunca, en las últimas dos décadas, Colombia ha dejado de ser el primer productor mundial de esa droga.
En su lucha contra las drogas, el país llegó a tal extremo de que, en los comienzos del Plan Colombia, la cárcel de Mocoa, capital del Putumayo –el departamento con más cultivos de coca en ese entonces–, se llenó de humildes raspachines, entre ellos muchas mujeres, que fueron capturados para mostrarle resultados a Estados Unidos.
De las 37 mujeres presas que había en esa prisión en abril del 2000, 31 habían sido detenidas en los cultivos cocaleros. En la cárcel se las veía con las botas pantaneras que llevaban puestas cuando raspaban la hoja de coca.
“La cosa se puso así desde febrero, cuando comenzaron con el cuento del Plan Colombia. Por justificar un proyecto cogen a un raspachín y lo presentan como a un mafioso”, le dijo en ese entonces a esta reportera un sacerdote de Mocoa.
Hoy, 17 años después, Putumayo es el segundo departamento del país con más cultivos de coca, después de Nariño. Y Colombia, según la medición de la ONU, terminó el 2016 con 146.000 hectáreas de plantíos ilícitos, apenas 20.000 menos de las que había en el 2000. Es decir, nada ha cambiado mucho aunque durante 15 años se aplicó un ambicioso programa de aspersión aérea con glifosato.
Intervención de Yezid García, estableciendo la posición sobre la Paz y sobre el Paro Nacional, en nombre del PTC y del Sindicalismo Democrático, en la Junta nacional de la CUT.
Con renovados bríos y espíritu revolucionario se reunió la dirigencia del PTC. Desde el 22 al 24 de enero tuvo lugar en Bogotá la sesión del Comité Central (ampliado) del Partido del Trabajo de Colombia, presidida por su Secretario General, el exalcalde de Magangué Marcelo Torres.
Tras 17 años de hegemonía chavista los venezolanos acaban de votar un Parlamento con amplia mayoría opositora quedando muy cerca de la mayoría especial de 101 votos necesarios para recortar los poderes presidenciales o reformar la Constitución.
Por Carlos Julio Giraldo Medellín para NuevaGaceta.co
El pasado lunes 5 de octubre se anunció la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement), suscrito por 12 países: Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México, proceso que se llevó a cabo de manera secreta (sólo hasta dentro de un mes se conocerán los 30 capítulos que componen el acuerdo) y cuya negociación tardó alrededor de 7 años.
Balance de Revista Semana, sobre los resultados electorales de la izquierda. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan la opínión de Renovación Sindical.
El actual proceso electoral dejara muchas enseñanzas para quienes hacen política con P mayúscula, es decir, que la conciben como una actividad noble que debe dignificar al ser humano, a las organizaciones que la ejercen y que no lo hacen con mirada cortoplacista, sino que por el contrario la inscriben en su proyecto de vida por lo que, en ese sentido, deben ser cuidadosos de no dejar que el afán inmediatistas les permita practicar lo del todo se vale con tal de llegar a ocupar un escaño en algún cargo administrativo o en una corporación pública.
En 2016 se firmará el “Acuerdo para la terminación” entre las Farc y el Gobierno nacional. Eso es un hecho. Puede que usted se dé cuenta o no. Puede que a usted le guste o no. Eso va a pasar. A partir de ese momento Colombia no será la misma; se crearán programas derivados del acuerdo y habrá que poner en marcha políticas para complementar y ajustar las demás esferas de la vida nacional. Entraremos en una transición que se calcula que puede durar 10 años.
En Renovación Sindical rechazamos todas las amenazas, vengan de donde vengan, que enturbian el debate político civilizado. Reproducimos a continuación las denuncia de Pascual Gaviria.
