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Plan Nacional de Desarrollo

La protección social en el plan de desarrollo: más de lo mismo

Por: Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.

El diagnóstico del problema está señalado por el Plan, al menos en sus cifras: “El país presenta déficits en la protección social de los trabajadores y la garantía de sus derechos fundamentales” (PND, 291)”.[1] El cuadro que sigue ilustra esta situación de manera más completa:



El Plan de Desarrollo se abstiene de señalar en el diagnóstico que los problemas de exclusión en materia de protección social evidencian la precariedad de nuestro Estado Social, debido a que no ha habido políticas públicas que materialicen los mandatos que sobre esta materia contiene nuestra constitución política, mandatos que hacen del nuestro un Estado Social, en el que el “el trabajo es un derecho que (en todas su modalidades) goza de la especial protección del Estado”.

A partir de la reforma de 1991, la constitución hizo de nuestro Estado un “Estado Social”, porque incluyó el capítulo II referido a los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la protección, la asistencia y la seguridad social de la población de la tercera edad (art. 46), la seguridad social como un servicio público y obligatorio, que debe basarse en la universalidad y la solidaridad (art. 48), el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (art.49).

Pero para que todos estos derechos sean una realidad y el “Estado Social” deje de ser un mero enunciado, se requieren políticas públicas progresivas que garanticen la protección social universal de toda la población trabajadora. Pero se van a cumplir 50 años de haberse expedido estos mandatos y la situación es todavía muy precaria para una amplia proporción de la población. Los hechos son bastante dramáticos:


    1. Los trabajadores desempleados y cesantes no cuentan con ingresos que les aseguren el mínimo vital mientras encuentran un empleo, distintos a sus cesantías, las que se agotan rápidamente. La protección social contra los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e invalidez apenas cubre al 51.5% del total de la población ocupada, dato que incluye apenas al 8.7% de los trabajadores por cuenta propia.

Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: sí… pero no

Por: Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Un rasgo en el estilo de gobierno del Presidente Duque es que dice SI…pero a renglón seguido se hace lo contrario. Veamos:

Dice SI a la lucha contra la corrupción, pero después no da apoyo a las iniciativas legislativas que se desprendieron de la consulta anticorrupción. Dice SI a la Paz, pero no le hace fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, ni compromete recursos para la reforma rural, ni mucho menos habla de la restitución de tierras. Dice que la solución a la crisis venezolana debe ser por la vía diplomática y no por la militar, pero su embajador en EE.UU[1] y su política exterior colocan a Colombia como punta de lanza de una probable intervención militar en el hermano país por parte de EE.UU.

Igual suerte corre el Trabajo Decente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

La primera pregunta que uno debe hacerse es qué entiende el Gobierno por “Pacto”. La OIT lo considera una modalidad de diálogo social a nivel país, o entre sindicatos, agremiaciones de empleadores y gobierno. El Pacto es un instrumento típico del Estado Social en temas que van más allá de los asuntos laborales, como la política social y económica. De los pactos pueden hacer parte incluso actores sociales y organizaciones más allá del tripatismo clásico.

En la introducción del proyecto, las Bases del Plan, se intenta responder a la pregunta: ¿por qué este pacto por Colombia? Se dice: “El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación”.

Parece que el PND entiende por “Pacto” el acuerdo entre el Gobierno en sus diferentes niveles y los inversionistas privados, es decir el sector empresarial. El sindicalismo no parece hacer parte de los invitados a este esfuerzo de concertación. Es un Pacto sobre temas estructurales, transversales y regionales, supuestamente articulados.

Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso

Por: Alberto Orgulloso, director General de la ENS

Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.

Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.

Con este Plan los trabajadores y los sectores pobres quedan expuestos y más vulnerables, en la medida que adopta “los contratos por horas”, “la cotización por horas” (flexiseguridad), un pago mayor de los aportes a seguridad social por parte de los trabajadores independientes, que pasaría del 40% sobre el ingreso recibido, al 55% del ingreso base.

Asimismo, le apuesta a una medida ya fracasada: tratar de convertir por decreto a los trabajadores en emprendedores o “empresarios”, lo que en últimas es una figura disfrazada del empleo cuenta propia o autónomo, o trabajo precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas y las redes de vendedores y promotores de productos por catálogo, e incluso trabajadores independientes por prestación de servicios, pero sin garantías laborales.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, el gobierno está obligado a cumplir la constitución política, la ley y el derecho internacional. En tal sentido, está obligado a acoger y cumplir las recomendaciones de la OIT, los ODS y los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC, que son tratados internacionales vinculantes, y las observaciones de la OCDE en varios temas sensibles.

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