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CUT llama a solidaridad nacional con la Minga Indígena

Declaración política de la LXIII Junta Nacional de la CUT

La Juventud de la CUT rechaza el gobierno de Duque y su PND y se moviliza por la defensa de los derechos laborales y la paz.

Declaración Política – Encuentro nacional de juventud trabajadora
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Marzo 15 y 16 de 2019

El mundo vive una profunda crisis económica de sobreproducción, hecho que agudiza la guerra comercial y la búsqueda de mercados por parte de las potencias económicas. Estados Unidos, ha profundizado su política de neocolonización y sometimiento en Colombia, Venezuela y el resto de nuestro continente. Los jóvenes de la CUT ratificamos nuestro rechazo a la injerencia en los asuntos internos de los países, a posibles intervenciones militares y hacemos un llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Colombia atraviesa una grave situación económica, los flujos netos anuales de inversión extranjera pasaron de 6.000 millones de dólares entre 2002 y 2010 a 14.000 millones entre 2010 y 2016. La inversión extranjera directa (en minería, petróleo, industria, transporte, comercio, etc.) a marzo de 2018 sobrepasó los 182.000 millones de dólares y la de portafolio (acciones en bolsa, bonos, TES, etc.) alcanzó los 87.000 millones de dólares. Por otro lado el endeudamiento del país en 8 años pasó de 234 a 527 billones de pesos. En términos concretos, la economía colombiana cada vez más se ha vuelto dependiente a la variable del capital extranjero y del endeudamiento financiero.

El Gobierno de Iván Duque, fiel a sus antecesores Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, ha tomado la decisión de recargar el modelo de capital extranjero sobre la producción, el ahorro y el trabajo nacional, bajo la fórmula de mayores gabelas a las grandes multinacionales y el capital especulativo; y bajos salarios, reducción de costos laborales e impuestos para la clase media, los asalariados y los sectores más desfavorecidos.

El resultado ha sido caótico, la tasa general de desempleo pasó del 9,4% en 2017 a 9,7% en el 2018, la tasa de ocupación disminuyó del 58,4% al 57,8% según cifras del DANE . Lo anterior, sumado al perturbador hecho de que 6 de cada 10 colombianos se encuentran en la informalidad o el rebusque. Pero estas cifras son mucho más graves para la juventud, en los jóvenes entre 14 y 28 años, el desempleo llega al 16,9% y la ocupación ha bajado con respecto al 2017. La situación se agrava cuando se revisan a profundidad los datos sobre cotización a pensión, pues en el 2012 el 46% de los cotizantes lo hacían durante los 12 meses y ahora escasamente la cifra llega al 34% , lo que indica que cada vez son menos los trabajadores que logran conseguir un contrato indefinido que le permita cotizar permanentemente a pensión.

Junta Nacional llama a la unidad para conquistar el pliego de peticiones y rechazar el PND

El pasado 28 de marzo, se realizó en el auditorio de la sede de Fecode, la Junta Directiva Nacional extraordinaria, instancia organizativa que cobija en su seno a los presidentes y delegados de los sindicatos filiales más los miembros del Comité Ejecutivo.

La sesión inició con la presentación de los informes por parte del presidente de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela, quien llamó a la unidad e invitó al paro del 25 de abril y hacer oposición al lesivo Plan Nacional de Desarrollo; la Coordinadora de Organizaciones Sociales también invitó a participar en el paro programado del 25 contra el PND y a respaldar las diferentes acciones que emprenda la Minga del pueblo caucano.

Posteriormente, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, se refirió a los 60 años de vida institucional de Fecode, y llamó a legitimar la democracia sindical, a trabajar con la más férrea unidad, para conquistar el pliego nacional de peticiones y rechazar el PND; a la vez, que convocó a manifestar desde las filiales nuestro respaldo a la minga del Pueblo Caucano.

Sobre el proceso de negociación de Fecode con el Ministerio de Educación, manifestó que en el punto 1.1. del pliego. Este punto de la negociación es vital, puesto que de él dependen muchos otros puntos. Al respecto, hay algunos avances. Por ejemplo, el gobierno acepta hacer una reforma constitucional, buscar los recursos crecientes y progresivos, el cierre de 6 brechas (a las cinco ya conocidas se suma la educación rural).

Sin embargo, la discusión está en que el gobierno ubica una propuesta sustitutiva al artículo 206 del PND que dejó por fuera a FECODE. Envía propuestas regresivas a las conquistas que se han ganado en las calles con la lucha, en la movilización y con el paro. En este contexto, si agotados los primeros 20 días de negociación y no hay avances se debe articular el accionar del Magisterio a la discusión y los logros de la mesa nacional estatal y conocer la posición de la CUT.

La minga del Cauca: justa protesta de las comunidades indígenas

Por Néstor Pardo
Secretario del PTC en el Cauca


El 10 de marzo más de 15 mil indígenas, afros y campesinos, organizaciones sociales y procesos populares de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y otras regiones del país iniciaron la “Gran minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” que exige el cumplimiento de más de mil acuerdos incumplidos por este y los anteriores gobiernos durante décadas. Señala un comunicado del Cric: “La figura presidencial construida sobre el discurso beligerante de la guerra ha escondido las problemáticas sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sectores sociales y procesos populares… Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están exacerbados y agravados por un conflicto interno y una crisis económica, social, cultural y ambiental que golpea muy duro al pueblo colombiano… Por ello se hace necesario, imprescindible e inaplazable este caminar colectivo desde el suroccidente”.

Las comunidades movilizadas en minga han manifestado públicamente que:

● Desde el Cauca, Huila, Valle y Caldas proponemos al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos, pues el actual nos impone muerte, desolación, destrucción y afectaciones a los planes de vida de todas y todos.

● Como pueblos unidos exigimos al Estado el respeto y las garantías para la materialización de los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, colectivos y de medio ambiente que la Constitución, la ley, la jurisprudencia de las altas cortes y los instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

● Los pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores populares y organizaciones sociales, hemos venido construyendo paz desde los territorios, y en este sentido queremos que el Gobierno Colombiano garantice la paz mediante los Acuerdos de Paz firmados y los diálogos que faltan con los demás actores armados legales e ilegales que desarmonizan nuestros espacios de vida.

● Provenimos de la madre tierra y como madre la defendemos y cuidamos incluso con la vida que ella nos entregó. La madre tierra no es un objeto para explotar y mercantilizar, por el contrario, para los pueblos en minga, el territorio es un espacio de vida y nuestra única oportunidad para seguir perviviendo física y culturalmente.

Gran paro nacional el 25 de abril.

Bogotá, 3 abr (Prensa Latina) Movimientos políticos y sociales de Colombia alistan hoy un gran paro nacional para el 25 de abril en defensa del Acuerdo de Paz y en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno.

'Vamos todos a las calles y carreteras de Colombia en defensa de la vida, el territorio, la democracia, la paz', expresaron en una declaración unas 200 agrupaciones sindicales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos.

Según el líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, uno de los objetivos de la jornada de protesta será exigir que se sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Otro de los reclamos es instar al Estado al cumplimiento de acuerdos pactados con diferentes sectores y gremios, como los profesores, estudiantes, indígenas, pensionados, campesinos y trabajadores en general.

La movilización llamará también a la modificación del proyecto de PND para el próximo cuatrienio, el que consideran acentúa la precariedad laboral y la inequidad social en Colombia.

Con el PND los trabajadores perderán el 36% de sus ingresos

Por Fabio Arias Giraldo.
Fiscal nacional CUT / Tomado de www.las2orillas.co


La ministra de Trabajo, Alicia Arango, en concordancia con las bases del PND -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad- establece la necesidad de una flexibilidad laboral y para ello propone, entre varias modalidades, la del contrato por horas.

Para el desarrollo de esta nueva modalidad contractual el PND contempla en su articulado lo siguiente:

Artículo 113º: Piso Mínimo de Protección Social. Créase el Piso Mínimo de Protección Social como las mínimas garantías en materia de seguridad social para los trabajadores. Este se encuentra integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Salud, en materia de salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) como mecanismo de protección a la vejez y el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral. El Gobierno reglamentará las condiciones y el sistema operativo del mismo. Las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del Piso Mínimo de Protección Social de que trata este artículo.

En relación con el servicio social complementario de los Beps el aporte será el 15% del ingreso mensual del trabajador, del cual el 1% se destinará a financiar el Seguro Inclusivo. En todo caso el ahorro no podrá ser inferior al tope mínimo anual establecido para los Beps.

Cuando se trate de trabajadores dependientes o independientes contratistas que perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smlmv) deberán vincularse al piso mínimo de protección social y el aporte al programa Beps deberá ser asumido enteramente por el empleador o por el contratante, así como el valor de la prima en el seguro inclusivo. Cuando se trate de trabajadores independientes por cuenta propia, serán ellos los responsables del aporte al programa Beps y el pago del seguro inclusivo.

La protección social en el plan de desarrollo: más de lo mismo

Por: Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.

El diagnóstico del problema está señalado por el Plan, al menos en sus cifras: “El país presenta déficits en la protección social de los trabajadores y la garantía de sus derechos fundamentales” (PND, 291)”.[1] El cuadro que sigue ilustra esta situación de manera más completa:



El Plan de Desarrollo se abstiene de señalar en el diagnóstico que los problemas de exclusión en materia de protección social evidencian la precariedad de nuestro Estado Social, debido a que no ha habido políticas públicas que materialicen los mandatos que sobre esta materia contiene nuestra constitución política, mandatos que hacen del nuestro un Estado Social, en el que el “el trabajo es un derecho que (en todas su modalidades) goza de la especial protección del Estado”.

A partir de la reforma de 1991, la constitución hizo de nuestro Estado un “Estado Social”, porque incluyó el capítulo II referido a los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la protección, la asistencia y la seguridad social de la población de la tercera edad (art. 46), la seguridad social como un servicio público y obligatorio, que debe basarse en la universalidad y la solidaridad (art. 48), el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (art.49).

Pero para que todos estos derechos sean una realidad y el “Estado Social” deje de ser un mero enunciado, se requieren políticas públicas progresivas que garanticen la protección social universal de toda la población trabajadora. Pero se van a cumplir 50 años de haberse expedido estos mandatos y la situación es todavía muy precaria para una amplia proporción de la población. Los hechos son bastante dramáticos:


    1. Los trabajadores desempleados y cesantes no cuentan con ingresos que les aseguren el mínimo vital mientras encuentran un empleo, distintos a sus cesantías, las que se agotan rápidamente. La protección social contra los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e invalidez apenas cubre al 51.5% del total de la población ocupada, dato que incluye apenas al 8.7% de los trabajadores por cuenta propia.

Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: sí… pero no

Por: Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Un rasgo en el estilo de gobierno del Presidente Duque es que dice SI…pero a renglón seguido se hace lo contrario. Veamos:

Dice SI a la lucha contra la corrupción, pero después no da apoyo a las iniciativas legislativas que se desprendieron de la consulta anticorrupción. Dice SI a la Paz, pero no le hace fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, ni compromete recursos para la reforma rural, ni mucho menos habla de la restitución de tierras. Dice que la solución a la crisis venezolana debe ser por la vía diplomática y no por la militar, pero su embajador en EE.UU[1] y su política exterior colocan a Colombia como punta de lanza de una probable intervención militar en el hermano país por parte de EE.UU.

Igual suerte corre el Trabajo Decente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

La primera pregunta que uno debe hacerse es qué entiende el Gobierno por “Pacto”. La OIT lo considera una modalidad de diálogo social a nivel país, o entre sindicatos, agremiaciones de empleadores y gobierno. El Pacto es un instrumento típico del Estado Social en temas que van más allá de los asuntos laborales, como la política social y económica. De los pactos pueden hacer parte incluso actores sociales y organizaciones más allá del tripatismo clásico.

En la introducción del proyecto, las Bases del Plan, se intenta responder a la pregunta: ¿por qué este pacto por Colombia? Se dice: “El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación”.

Parece que el PND entiende por “Pacto” el acuerdo entre el Gobierno en sus diferentes niveles y los inversionistas privados, es decir el sector empresarial. El sindicalismo no parece hacer parte de los invitados a este esfuerzo de concertación. Es un Pacto sobre temas estructurales, transversales y regionales, supuestamente articulados.

Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso

Por: Alberto Orgulloso, director General de la ENS

Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.

Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.

Con este Plan los trabajadores y los sectores pobres quedan expuestos y más vulnerables, en la medida que adopta “los contratos por horas”, “la cotización por horas” (flexiseguridad), un pago mayor de los aportes a seguridad social por parte de los trabajadores independientes, que pasaría del 40% sobre el ingreso recibido, al 55% del ingreso base.

Asimismo, le apuesta a una medida ya fracasada: tratar de convertir por decreto a los trabajadores en emprendedores o “empresarios”, lo que en últimas es una figura disfrazada del empleo cuenta propia o autónomo, o trabajo precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas y las redes de vendedores y promotores de productos por catálogo, e incluso trabajadores independientes por prestación de servicios, pero sin garantías laborales.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, el gobierno está obligado a cumplir la constitución política, la ley y el derecho internacional. En tal sentido, está obligado a acoger y cumplir las recomendaciones de la OIT, los ODS y los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC, que son tratados internacionales vinculantes, y las observaciones de la OCDE en varios temas sensibles.

Pliego de Peticiones de FECODE.

PLIEGO NACIONAL ESTATAL 2019

Baldado de agua fría a la Meritocracia por parte del Procurador General de la Nación

Comunicado del Sindicato de Procuradores Judiciales a la Opinión Pública

Paradójico resulta que mientras la actual administración de la Procuraduría General de la Nación, se ha autoproclamado férrea defensora de la meritocracia, exigiendo de las demás entidades del Estado el respeto irrestricto del principio constitucional del mérito, al interior de la entidad se efectúen ataques frontales a dicho principio.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de fecha 2 de noviembre de 2018 en la que, acogiendo las pretensiones del Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR, decretó la nulidad de un nombramiento en provisionalidad realizado por el señor Procurador General del Nación para cubrir una vacante transitoria en el cargo de Procurador Judicial II. Concluyó el Tribunal que ese nombramiento desconoció el régimen de carrera de la entidad1 al no recaer en un elegible seleccionado por mérito.

La Procuraduría General de la Nación, entidad llamada por la Constitución a ser garante de los derechos, en un intento desafortunado por desconocer y dejar sin efectos la citada decisión judicial que cobró firmeza, la ataca a través de una acción de tutela con la que pretende imponer ante el Consejo de Estado su propia interpretación de la ley, según la cual las listas de elegibles únicamente son obligatorias en el escenario de las vacantes definitivas, reviviendo con ello prácticas politiqueras para la designación de recomendados en los cargos de Procurador Judicial.

Resulta un contrasentido que la misma entidad que recientemente instaló lo que denominó ”Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público”, señalando como uno de sus propósitos el de insistir ”en la obligación que tiene el Estado de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional del mérito como principio fundamental para el ingreso y permanencia en el empleo público”, desconozca, a través del mecanismo excepcional de la acción de tutela, ese mismo principio cuya aplicación pregona en la administración pública.

Diría el saber popular “es fácil ver la paja en el ojo ajeno…”.

¡¡¡EL EJEMPLO EMPIEZA POR CASA!!!

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2019

LA HISTORIA TAMBIÉN ES ESCRITA POR MUJERES.

Llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida, junto a otros africanos hombres y mujeres al comerciante español Pedro González; quién la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenios en Palmira, Colombia, a más de 900 km al sur de Cartagena.

Vivió muchos años como esclava en las plantaciones de caña de azúcar, hasta que en el año 1840 se fugó junto con 45 cimarrones más a las montañas de Palmira, organizando un palenque dirigido por ella.

Desde ahí, empezó a promover la fuga de otros esclavos, pero fue capturada una vez e iba a ser asesinada y descuartizada para atemorizar a los demás cimarrones y esclavos en cautiverio para que desistieran de escapar de la esclavitud. Logró escapar gracias a sus conocimientos en magia y brujería.

Fue admirada también por sus conocimientos de magia y medicina natural. Curaba con hierbas y semillas, se especializaba en picaduras de serpientes y otras alimañas. Era devota de sus dioses africanos y no aceptó convertirse al Catolicismo, consideraba esta como la religión de sus verdugos y esclavizadores. Cuentan que fue una mujer guerrera, que no agachaba cabeza ni se dejaba humillar o maltratar por alguna persona blanca. Era esbelta, alta, cantaba cantos nativos y tenía buena voz para el canto; tocaba la marimba, se sentía muy orgullosa de ru raza, era dueña de un espíritu libre y guerrero.

Aprendió a leer y escribir en la época que vivió con un español criollo, quién fuera el padre de sus primeros 5 hijos; un hombre sensible que apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias haciendas se fugaran. Fue fusilado en 1857 en la actual Plaza de Bolívar en Palmira, Valle del Cauca, acusado de traición y conspiración. Casilda tuvo un segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo Caicedo, nacido en Guapi, Cauca (Colombia). Este hombre fue curandero, brujo hechicero y también rebelde que después de ser declarado en libertad, salié de Guapí hacia Cali donde entró a trabajar como jornalero en el Ingenio Manuelita en Palmira, donde conoció a Casilda, se casaron y tuvieron 9 hijos. Casilda tuvo 14 hijos y aproximadamente más 60 nietos.

El 8 de marzo y las prioridades de la lucha de las mujeres en Colombia

Por: Consuelo Ahumada

Profesora Universidad Externado de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Integrante del Comité Ejecutivo del Partido de Trabajo de Colombia.

La lucha histórica de las mujeres por sus derechos y reivindicaciones más sentidas, en el marco de una sociedad profundamente patriarcal y machista, ha tenido en Colombia avances incuestionables, en especial en lo que respecta a la legislación. Sin embargo, es conveniente analizar las enormes dificultades, resultantes de la situación actual, que el movimiento de mujeres debe afrontar.

Empecemos por destacar que a escasos meses de terminar la segunda década del siglo XXI, en el mundo predomina la extrema derecha con su agenda política, económica, social y cultural regresiva. Han tomado cada vez más fuerza las políticas excluyentes de todo tipo, en favor de los grandes negocios de las finanzas y el sector privado y de la concentración del ingreso y de la propiedad. Más que en ningún otro momento de las últimas décadas, estas políticas buscan minimizar el papel redistributivo del Estado, perseguir y atropellar a la creciente población de inmigrantes, incentivar la guerra, romper la legalidad internacional y desconocer realidades tan imperiosas como el cambio climático y el riesgo que representa para la supervivencia misma de la humanidad. Aunque las condiciones son difíciles para las luchas sociales y para las causas que desafían el orden vigente, la resistencia global a estas políticas también crece, en medio de una fuerte polarización social.

Un componente central de ese modelo basado en el fundamentalismo del mercado es el pensamiento oscurantista que resurge y se impone para tratar de legitimar las políticas predominantes y se expresa en el menosprecio y agresión a los sectores que históricamente han sido oprimidos y rezagados. No solo se busca resolver las crisis económicas golpeando a quienes viven del trabajo o tratan de hacerlo, sino también reprimir a quienes luchan por las causas más diversas y se oponen a todo tipo de discriminaciones de género, étnica, racial o religiosa.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE ROSA AMERICA PEÑALOZA DELEGADA DE ADIDA. RENOVACION SINDICAL ANTIOQUIA 23 de febrero de 2019

RECOMENDACIONES DE ROSA AMERICA PEÑALOZA A LA JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA Y LA COMISION DE PRESUPUESTO.

COMPAÑEROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA:
RECOMENDACIONES DE ROSA AMERICA PEÑALOZA,
INVITADA EN REPRESENTACIÓN DE LOS EDUCADORES AL TALLER DE PRESUPUESTO FEBRERO 2019.


En aplicación de los Estatutos de Adida, la Junta directiva decidió invitarme al taller de presupuesto en representación de los docentes afiliados. Asistí extrañada porque los compañeros de Junta saben de mi postura crítica frente al manejo del sindicato y en especial de sus recursos, participé en tres de las sesiones, aclarando que mi ausencia a una de ellas obedeció a que coincidió con la negociación colectiva de Sintraipsu de la cual soy asesora. Me permito dar a conocer las RECOMENDACIONES que hago públicamente a la Junta Directiva:

1. ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE ADIDA CUENTE CON UN PLAN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO SINDICAL A DESARROLLAR EN VARIOS AÑOS, QUE SEA EL HILO CONDUCTOR DE ADIDA EN LO SINDICAL, POLÍTICO, ORGANIZATIVO Y ECONÓMICO. En el taller de presupuesto se careció de él, si existe no se conoce o se ignora deliberadamente por parte de los integrantes de Junta. Reina la improvisación en las tareas y hasta se ignoran algunas TRASCENDENTALES PARA ADIDA como el CONGRESO DE LA CUT, DE LA MUJER TRABAJADORA Y DE LA JUVENTUD TRABAJADORA.

2. La RETALIACIÓN y la descalificación entre sectores no puede seguir siendo el principal argumento en la Junta, para ninguna de las actividades. Es deseable la presencia de visiones distintas al interior de las organizaciones, su accionar se debe centrar en el mejor aporte, en la emulación leal y en la mejor propuesta y realización de las mismas, no en el argumento que cuando mis amigos estaban en mayoría era mejor, y que ahora que cambia la correlación TODO LO AJENO ES MALO. Se pierde la posibilidad de autocrítica para mejorar. Es un fraternal llamado de atención para la Fiscal, que usa de manera deliberada este mecanismo. Reitero lo afirmado en la última sesión del taller de presupuesto: “USTEDES NO SON EDUCADORES DE BASE, ¡¡¡SE COMPROMETIERON CON UN COLECTIVO QUE LES CREYÓ, ESO IMPLICA MAYOR RESPONSABILIDAD, TRASPARENCIA Y EFICIENCIA… USTEDES SON LOS RESPONSABLES AHORA!!!”

3. Los planes presentados por algunos integrantes de Junta NO ESTÁN ARTICULADOS, solo uno o dos planes pueden asumidos como un intento serio, los otros, son como listas de mercado: piden y piden y piden…. incluso elementos de oficina que deben estar centralizados en papelería. ¡Peor aún, NO SE CONOCIÓ PLAN DE TRABAJO DE FISCALÍA!, NI DE PRESIDENCIA, NI DE SECRETARÍA, NI DE VICEPRESIDENCIA, NI DE TESORERÍA. ¡Parece como si su presencia en Adida no los comprometiera con la organización y en este panorama todo se REDUCE A LA PUJA POR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU PARCELA! Hay solicitudes de presupuesto desarticuladas que pertenecen a otra secretaría, tareas que se proponen quitando competencias a tesorería, en fin, se pone en evidencia LA FALTA DE UN PLAN COLECTIVO QUE SEA EL HILO CONDUCTOR DE TODA LA ORGANIZACIÓN. ¡¡¡y que no es responsabilidad SOLO DEL SECTOR MAYORITARIO, ES RESPONSABILIDAD DE TODA LA JUNTA!!!

Informe a Junta Nal FECODE por Miguel Angel Pardo Romero, enero 30 de 2019

El Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, brindó un informe sobre el proceso de ascensos y de reubicación salarial de los educadores regidos por el decreto 1278/02, tanto de quienes realizarán el curso de formación pendiente de la II cohorte, como de los docentes y directivos docentes que participarán en la III cohorte.* *_A ésta última,horas después, se confirmó que el número inscritos fue de 88.913 colegas

 

PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO 14 DE FEBRERO

Sudando petróleo

Para hoy queremos discernir un poco sobre el medio ambiente y, específicamente, sobre la política extractiva y el fracking. Fuera de crispar la sensibilidad de los pobladores de esta pequeña parroquia, con la idea sinigual y brillante de “estudiar los beneficios del fracking para nuestra economía petrolera” se ha creado todo un ambiente de temor y de miedo frente a esa posibilidad en Colombia.

Se quiere con esa rotura profunda de rocas que retienen el petróleo extraerlo para aumentar la producción de hidrocarburos por la necesidad urgente de buscar por todas partes, hasta en el alma de las rocas, los recursos fiscales para que el gobierno y el país “progresen”. Con esto, se podría prolongar unos años la explotación y la suficiencia de las reservas, ya que sabemos que es un recurso que ya es escaso. En otras palabras, es exprimir y escurrir el ripio para sudar más petróleo.

Como siempre, los políticos y los gobernantes, que poco saben de estas cosas tan profundas, nombran un comité de expertos ambientalistas, hidrólogos, geólogos, ingenieros civiles y biólogos, nacionales e internacionales para que decidan si el agua caliente quema. Un comité de sabios criollos que, de pronto, sabrán esculcar profundidades dialécticas para encontrar petróleo, en donde la mayoría de sabios y académicos solo hallan riesgos y daños.

Ese tema ya ha sido extensamente estudiado y se han encontrado destrozos y perjuicios, tanto a la naturaleza como a los seres vivos. La Sociedad Médica de Massachusetts, según lo informa la revistaSemana, reporta que “el 75% de las sustancias químicas que emplea son tóxicas y más de la mitad pueden causar graves daños al cerebro y otros órganos, y afectar los sistemas vitales, incluyendo el riesgo de generar diversas formas de cáncer y mutaciones genéticas”. En personas, en gente, en pueblos, en campesinos, en usted o en mí. Y en los animales (no ellos), sino la fauna tan abundante y tan amenazada que hay en las zonas en donde se aplicará esta monstruosidad.

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