“Ni en la época de la dictadura hubo algo así”

Por: Daniel Gatti

Nunca hubo una situación semejante de destrucción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera bajo la dictadura, dijo el senador Paulo Paim durante una sesión de la comisión de derechos humanos de esa cámara previa a la discusión de la tremenda reforma laboral impulsada por el presidente Michel Temer. De ser aprobado el texto del gobierno hoy martes en el Senado (ya fue sancionado por los diputados), la jornada laboral de los brasileños puede llegar a ser de 12 horas diarias en caso de “acuerdo” entre patrón y trabajador y los empresarios podrán despedir casi sin justificación a empleados y empleadas con sueldos que consideren elevados y remplazarlos por otras y otras que les cuesten menos.

El aumento de la jornada laboral conllevará, en los hechos, la desaparición de las horas extra, eliminando un costo para los empresarios, que verán incrementada su tasa de ganancia, y el beneficio para los trabajadores y trabajadoras, que disminuirán sus ingresos.

Los contratos temporales de trabajo podrán a su vez ser renovados sin límite, de manera que los empleados y empleadas de los más diversos sectores no tendrán estabilidad alguna.

La “flexibilización” de las condiciones laborales en favor de los empresarios comprende también la reducción del tiempo dedicado al almuerzo (de una hora pasa a media hora), la libertad dejada al patrón para que determine el uniforme que desee, independientemente de que pueda llegar a ser inadecuado o inseguro para quien deba usarlo, y la obligación para el trabajador y la trabajadora de asumir los costos de su transporte, aunque viva lejos de su empleo.

ALCANCES Y CONCRECIÓN DEL PUNTO 9° SOBRE DOCENTES ORIENTADORES.[1]

Nuestros “pos – acuerdos”:

Por: Miguel Ángel Pardo Romero[2]

Los Acuerdos FECODE – MEN, acogen de manera explícita tres de las más importantes reivindicaciones de los docentes orientadores del país:
1. La jornada laboral presencial de 6 horas diarias.
2. Precisiones sobre las funciones académico – pedagógicas.
3. El derecho a las horas extras, absurdamente negadas.

El punto 9° de los Acuerdos FECODE – MEN, suscritos el 16 de junio de 2017,[3] acogió los planteamientos de las diferentes Redes o Mesas por medio de las cuales desarrollan actividades los docentes orientadores en todo el territorio Nacional, pero debo resaltar, que sobre todo asumió las propuestas de la ADE consignadas en sus pliegos de peticiones[4].

La Asociación Distrital de Educadoras y Educadores, en negociaciones con las Administraciones anteriores logró, entre otros puntos:
· Mantener la Jornada laboral de 6 horas presenciales durante un tiempo prolongado.
· El nombramiento de docentes orientadores con recursos propios ante la condena a su desaparición y ausencia de convocatoria a concursos, derivado del nefasto Decreto 1850 de 2002, expedido por el MEN.

Condena de Lula da Silva opaca “brutal” reforma laboral contra trabajadores y sindicatos en Brasil

La noticia sobre la condena a 9 años y medio al expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, proferida por un juez de Brasil, opacó y puso en segundo plano otro hecho grave que simultáneamente se dio esta semana en ese país: la aprobación por parte del Senado de una reforma laboral calificada como “brutal y antiobrera”, ya que arrasa con muchos derechos laborales y representa un rudo golpe para los sindicatos.

Por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención, el plenario del Senado brasilero aprobó la reforma laboral que impulsó el presidente Michel Temer, la cual, entre otros efectos, destruye los convenios colectivos, debilita y liquida el poder de negociación de los sindicatos, agiliza los procesos de contratación y de despido de trabajadores, que era la mayor petición de los empresarios brasileños y los extranjeros que intentan hacer negocio en Brasil. Además, inventa la figura de empleo intermitente y, en contravía de lo que pasa en el mundo, sube la cantidad de horas de trabajo.

Para sacar adelante esta reforma laboral, Temer usó el poco capital político que le queda, también gravemente debilitado por escándalos de sobornos y corrupción, que podría determinar su destitución. Hoy solo tiene en las encuestas el 7% de popularidad. La presentó con el argumento de que es un ajuste necesario para recuperar la confianza de los mercados y generar empleos, en un país confrontado a una gran recesión y con 13,8 millones de desocupados, el 13,3% de la población activa.

Y lo logró. Tras largas y tortuosas votaciones entre el Senado y la Cámara de los Diputados la nueva ley laboral fue aprobada y ya solo espera la firma de Temer. Una ley bastante impopular, por cierto. Según una reciente encuesta de Datafolha, el 58% de los brasileños la rechaza.

Inmigrantes africanos están siendo vendidos como esclavos en mercados de Libia

Lo que faltaba: hemos vuelto a la esclavitud tal como se hacía en los peores tiempos de la colonia hace 3 siglos, según denuncia de las Naciones Unidas con relación a la situación en Libia, que recoge el periódico El País, de España, en un extenso reportaje que queremos compartir dado el terrible drama humano que encierra, y que señala una degradación laboral absoluta en pleno siglo XXI.

“No sentaban en el suelo y los libios venían a elegirnos y a comprarnos, como quien escoge mangos en el mercado. Después discutían el precio”, es uno de los muchos testimonios que recoge el reportaje, que puede leer completo en:

Antes del estallido de la Primavera Árabe en Libia, año 2011, este país era una de las rutas migratorias hacia Europa. Hoy se perfila como casi la única ruta, en un país donde el caos es tal que las mafias y los traficantes de personas campean sin estorbos. Y en ese revoltijo tratan de colarse los migrantes para cruzar el mar.

Miles de hombres y mujeres migrantes son vendidos para utilizarlos como mano de obra, como sirvientes o esclavos sexuales. Se estima que unos 330.000 migrantes están hoy bloqueados en Libia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ciudadanos ricos de Libia compran subsaharianos para que trabajen en sus casas, granjas o cultivos sin salario de ningún tipo —más allá de techo y comida— y bajo un régimen de violencia.

Necesitamos un sistema pensional universal, no sistema de ahorros. Opinión.

Por Héctor Vásquez Fernández. Analista Escuela Nacional Sindical.

El régimen pensional que estableció la ley 100 de 1993 debe reformarse radicalmente por ser discriminatorio y excluyente. Hoy sólo uno de cada 4 adultos mayores tiene pensión, y a futuro las personas que van a tener pensión asegurada representan solo el 10% de la población activa. En el régimen público de prima media, únicamente aquellas personas que puedan acceder a un empleo estable que les garantice cotizar por lo menos 25 años completos; y en los fondos privados de pensiones, sólo aquellos trabajadores que coticen sobre un ingreso superior a 3.5 salarios mínimos, que les permita, a pesos de hoy, un ahorro de $152 millones si son mujeres, o de $127 millones sin son hombres.

La ley 100 de 1993 estableció dos regímenes de pensión: el régimen público de Prima Media con Prestación Definida (RPM), manejado por COLPENSIONES, y el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por el sector financiero. El régimen de prima media garantiza una pensión vitalicia que oscila entre el 65% y el 80% del ingreso base de liquidación, pero tiene como requisitos cotizar 1.300 semanas (25 años de trabajo continuos) y tener una edad de 57 años las mujeres y 62 los hombres. A esta pensión sólo accede el 10% de la población activa, es decir, personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas.[1]

En el régimen de ahorro individual, los afiliados pueden obtener dos modalidades de pensión: una de Retiro Programado, en la que el pensionado asume los riesgos de longevidad e inversiones, lo que quiere decir que su pensión dura hasta que se agote el capital ahorrado; y La Renta Vitalicia Inmediata, que se negocia con las compañías aseguradoras, que son las que asumen los riesgos de longevidad e inversiones, y que asegura una pensión muy cercana al nivel del salario mínimo. Adicionalmente, es posible una pensión de vejez anticipada, pero sólo cuando los ahorros del afiliado acumulados durante su vida laboral (aportes y rendimientos) alcancen a financiar una mesada inicial equivalente a por lo menos 110% del salario mínimo[2].

Diálogo social, más palabreo menos oídos sordos. Opinión.

Por Juan Bernardo Rosado. Del área de Comunicación Pública de la ENS

La productividad se gana modernizando el trabajo, revolucionando el sistema educativo e incluyendo a los trabajadores. El mejor camino para alcanzarlo es conversando, forjando acuerdos, pasemos a los hechos.

Escribir de Diálogo Social entre trabajadores y empresarios en Colombia es urgente, porque apenas sí se están hablando mientras los conflictos laborales crecen.

Muchos sufren mala vida laboral: 62% de quienes trabajan no tiene seguridad social, 74% del empleo es precario, 49% gana menos de un salario mínimo, 5 de cada 100 trabajadores están sindicalizados, apenas 250.000 trabajadores se benefician de la negociación colectiva, la mitad de los desempleados tiene menos de 28 años. En estándares laborales nos parecemos mucho a Honduras, Guatemala o El Salvador, y muy poco a Argentina o Chile.

¿Cómo superar estos malos resultados y ganar una sociedad menos infeliz, más armónica? Una respuesta clave es que los acuerdos y espacios eficaces entre trabajadores organizados, empresarios o el gobierno, en todos los niveles, son el mejor camino para cambiar este malestar laboral. El conflicto entre capital y trabajo puede ser una oportunidad.

La pregunta que se hace la economía hoy es cómo, gracias a los avances tecnológicos, la humanidad puede ser más productiva, trabajar menos y crear más. ¿Cómo resolvemos esa pregunta para Colombia? La respuesta no es mantener estos pobres indicadores y seguir buscando competitividad sin generar valor agregado o innovación, con precariedad, bajos salarios o sin libertad sindical. Más bien al contrario, mientras la humanidad corre hacia la automatización, es urgente ensayar la paz en las relaciones laborales.

EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO UNA HERMOSA BATALLA POR LA EDUCACION PUBLICA, POR LA DIGNIDAD DE LOS MAESTROS Y POR LA JUSTICIA SOCIAL, SIN LA CUAL, LA PAZ NO ES POSIBLE.

Por: Rosa America Peñaloza B. Delegada de Adida y miembro del comite ejecutivo de la Cut Antioquia.

Compañeros: hemos escrito una de las páginas más bellas de la historia reciente de Colombia, treinta seis días de batalla ,sin dar descanso a nuestros cuerpos, sin cansancio de nuestro espíritu libertario y justiciero, abrazados maestros viejos y jóvenes, nuestros alumnos, padres de familia reivindicando el derecho a que la riqueza que producimos los trabajadores de nuestro martirizado país no se la roben, sino que sea invertida en uno de las necesidades más urgentes de todos, la educación pública. Pero ante todo, una batalla para notificarle a la cleptocracia Santista y a la esta vez muda, ultraderecha Uribista, que los maestros acompañados de la población pelearemos el derecho a que los recursos públicos sean invertidos en paliar las necesidades de los más humildes y que jamás aceptaremos la expoliación de la banca internacional porque no nos da la gana, y porque hemos entendido que la paz la construimos nosotros al, calor de la lucha civilista por la justicia social.

Y esta es solo una de las batallas. Al tenor de la recortada negociación laboral, logramos el apoyo del grueso de la población cansada de los grandes negociados, de la pobreza repartida en las reformas tributarias, de la tozudez del incumplido Santos, del abandono de regiones enteras de este país, y de los desatinos continuos del gobierno que atizan la ferocidad de la ultraderecha para revivir el negocio de la guerra. De más está decir, que el estudio del pliego y lo acordado con el ministerio, nos da un amplio saldo positivo a favor del magisterio y la comunidad educativa, es la principal ganancia. Arrancamos al gobierno reivindicaciones claves para el futuro de la educación pública y los maestros, le arrancamos la máscara al nobel, le rompimos su regla fiscal, doblegamos la tozudez de Santos, le cobramos lo del 2001, lo derrotamos, saldamos la cuenta y nos quedamos con la gente, reivindicamos el papel del maestro en la sociedad, la validez de los sindicatos y de la lucha sindical y ratificamos que luchando estamos educando y es el segundo logro

Ni un solo incidente en estos 36 días que haya sido imputable a los maestros. En un país al que no se le escucha sino es por la violencia, hemos sentado un precedente inconfundible LA LUCHA CIVILIZADA Y CIVILISTA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO. Hemos marcado la ruta en la época del post conflicto, y por el contrario donde fuimos agredidos por la fuerza represiva como en Bogotá, genero el repudio social, se comprendió que en las calles los maestros peleabamos el futuro de la educación como derecho fundamental de la población, y ni siquiera los medios de comunicación de la oligarquía pudieron enlodar ni los objetivos y la justeza de la lucha. Es la tercera ganancia, quedo claro que los maestros y FECODE teníamos la razón.

Estos fueron los acuerdos a los que llegó para levantar el Paro Cívico de Buenaventura

Por: Marco Antonio Reyes

El 20 de julio de 2017 será presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República el proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años, que beneficie al distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. Este será presentado con mensaje de urgencia.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explica los lineamientos del acuerdo que permitió superar el paro cívico en Buenaventura.

El Gobierno Nacional también se comprometió a invertir cerca de 1.5 billones de pesos en obras para Buenaventura durante el tiempo que resta del actual mandato.

Luego de más de 40 horas de diálogo durante el fin de semana y hasta la madrugada de este martes, el Gobierno nacional, representado por los ministros de Interior, Guillermo Rivera, y de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y los líderes sociales de Buenaventura lograron llegar a un acuerdo que permitió que este municipio portuario volviera a la normalidad después de 21 días de paro cívico.

El acuerdo más importante logrado entre las dos partes es la elaboración de un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años que beneficie al distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. El mecanismo de ejecución de este fondo será creado en la misma ley.

La guerra abierta contra la educación pública

Por: Julián de Zubiría Samper*

“Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber”. Con estas palabras, la filósofa italiana Gabriella Giudici caracteriza la guerra que, de tiempo atrás, se libra en algunos países del mundo contra la educación pública.

En Estados Unidos esta batalla va contra todo el legado de Obama en materia social. Recientemente echaron para atrás sus logros en salud y ahora van por el derecho a la educación. Para lograrlo, Donald Trump nombró como secretaria de la cartera educativa a Betsy Devos, quien afirma que la educación pública es "un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado […] un monopolio, un callejón sin salida". Por ello, propone tomar los recursos que se destinan a este fin y trasladarlos a entidades religiosas y con ánimo de lucro para la prestación del servicio.

En Colombia no hemos llegado tan lejos, aunque vamos en la misma dirección. Una y otra vez se dice que las universidades públicas son centros de formación de guerrilleros y desadaptados. Aunque a quienes quieren descalificarlas los contradicen los resultados en SABER Pro, en las evaluaciones internacionales y los estudios de valor agregado y en investigación, ellos no paran de reiterar que son costosas, de baja calidad y que sus profesores ganan demasiado y trabajan poco. La educación pública está sujeta a una guerra mediática de desprestigio y a una guerra económica que la estrangula financieramente.

Recientemente, Rodrigo Lloreda, ex ministro de Educación, declaraba que “el deber del Estado no es sostener universidades sino garantizarles a los colombianos, en razón al mérito, acceso a la mejor educación oficial o privada”. Al decirlo, desconoce que la educación es un derecho y que el deber del Estado es garantizarlo no sólo a los que tienen “más mérito”. Como puede verse, algunos ven la educación como un servicio o una mercancía. Por el contrario, en las democracias verdaderas, la educación es un derecho que el Estado debe garantizar.

Acta final de Acuerdos y Desacuerdos de la Negociación Colectiva Pliegos de Solicitudes y las Organizaciones Sindicales de Empleados Públicos - Capítulo Sector de Universidades.

Índice Global de los Derechos 2017 de la CSI: Aumento de la violencia y represión contra los trabajadores

Colombia en la lista de los 10 peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2017 clasifica a 139 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente, para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.

Las principales conclusiones del informe son:

§ 84 países excluyen a grupos de trabajadores de la legislación laboral;

§ Más de tres cuartos de los países no conceden a algunos o a todos los trabajadores el derecho a hacer huelga;

§ Más de tres cuartos de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores la negociación colectiva;

§ De los 139 países examinados, 50 deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión;

Nuevo salario para los educadores acordado en el marco de la negociacion estatal

Nuevo salario para los educadores acordado en el marco de la negociacion estatal

La dura carta de una madre preocupada por el paro docente

Cuando se cumple un mes del inicio del paro docente, maestros de todo el país volvieron a tomarse las calles en un intento por presionar al gobierno de Juan Manuel Santos para que oiga sus demandas. En Bogotá, el paro camionero se unió a las protestas de los educadores y colapsaron varias calles principales de la capital.

La semana pasada los profesores anunciaron que no iban a desistir en sus exigencias y que de hecho, redoblarían la intensidad de las marchas. Así lo confirmaron voceros de Fecode después del anuncio del presidente Santos sobre la puesta en marcha de una directiva por la que los maestros que han secundado el paro tendrán que reponer las clases perdidas si quieren recibir el salario de los días no trabajados. Se trataba de una medida para desalentar a los maestros a seguir con las protestas y que solo ocasionó más malestar.

Posteriormente, y con el fin de calmar los ánimos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) anunció el pasado 10 de julio que incrementaría los salarios de los docentes en un 8,75 %, por medio de un nuevo decreto. Antes de eso, la ministra de Educación Yaneth Giha comunicó en rueda de prensa que aumentaría en 1,8 billones de pesos los recursos para educación del Sistema General de Participaciones. Las medidas tampoco tuvieron el efecto esperado: representantes de Fecode indicaron que sus demandas van más allá de lo salarial y confirmaron que mantendrían las movilizaciones.

Según la cartera educativa, el paro le cuesta al país más de 40.000 millones de pesos diarios por servicios de nómina y transporte que no se están prestando.

Corren fechas de pruebas Icfes para estudiantes de 11, por paro docente

Así lo anunció Ximena Dueñas, directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), este lunes. Según Dueñas, la decisión se tomó para atender una solicitud del Ministerio de Educación.

Además, el periodo extraordinario para inscribirse a la prueba Saber 11 se extenderá hasta el próximo viernes 16 de junio.

Desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto podrán pedir cambios o aclarar datos. Por ejemplo, esto sirve para los jóvenes a los que les aparece un sitio para resolver la prueba diferente al municipio o ciudad donde viven.

Los resultados se publicarán en la página web del Icfes el 11 de noviembre.

Se espera que 605.908 estudiantes de 11 presenten el examen, según datos del Icfes.

Habrá 20.824 personas que resolverán la prueba Saber Validantes, que, en caso de ser aprobada, sirve para obtener el título de bachiller.

Los resultados para los validantes se publicarán el 18 de noviembre.

Si les va bien en ese examen, desde el 24 de noviembre podrán consultar las actas de aprobación de Validación General del Bachillerato, explica el Ministerio de Educación.

Es volver a los mismos con las mismas”, dice Sintrasaludcol sobre los nuevos dueños de Cafesalud

Cafesalud, la más grande EPS del país, y Esimed, su red de clínicas y hospitales, ya tienen nuevo dueño. Hoy miércoles fueron vendidas a Prestasalud, un consorcio integrado por 13 empresas prestadoras de salud (IPS), pese a que algunas de éstas han sido señaladas de actos de corrupción no suficientemente aclarados, y pese a los reparos de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la inexperiencia de Prestasalud en el campo del aseguramiento.

Con una oferta económica de $1.45 billones, el consorcio Prestasalud se impuso sobre la EPS Sanitas, la otra ofertante, filial de la organización internacional del mismo nombre, de capital mayoritariamente español, que solo ofreció $270.000 millones.

Con la adjudicación a Prestasalud, que empezaría a operar desde el 1° de agosto, el Gobierno espera solucionar los problemas de atención en salud, los cuales se han incrementado desde cuando Cafesalud quedó en manos del gobierno tras la liquidación de Saludcoop.

Pero el sindicato nacional de la salud, Sintrasaludcol, mayoritario en Cafesalud, no es nada optimista ni tiene positivas expectativas acerca de lo que el nuevo dueño pueda aportar, tanto en mejoría de la atención a los usuarios como en un trato más digno a los trabajadores. “Es prácticamente volver a los mismos, y seguramente con las mismas”, comentó a esta Agencia Luz Fanny Zambrano, la abogada y enfermera que preside a Sintrasaludcol.

Colombia quedó fuera de “Lista negra” de OIT. La Conferencia ha servido como tribuna de denuncia

Por: Carlos Julio Díaz L. Director ENS

A pesar de existir razones más que suficientes para que Colombia hiciera parte de los casos sobre los cuales los gobiernos son invitados a comunicar informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas, por incumplimiento de los convenios ratificados, nuestro país quedó excluido de la lista final de 24 países.

Colombia hizo parte de la lista inicial de 40 países que publicó la OIT como candidata a ser llamada a la Comisión de Normas, por incumplimiento del Convenio 87, pero en el marco de las negociaciones y de la filigrana diplomática no se logró el propósito de que fuera uno de los 24 países que deben dar explicaciones en la Conferencia.

No obstante, los voceros de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y de la Unión Sindical Obrera, han aprovechado los diferentes espacios en las Comisiones para denunciar los asesinatos de líderes sociales y la violencia anti-sindical, que no desaparece y muestra altos índices de impunidad; la judicialización y militarización de los conflictos laborales, y las limitaciones legales y acciones de hechos que dificultan el ejercicio de los derechos de libertad sindical.

Se ha puesto de presente la gran movilización nacional del sindicalismo de empleados de la administración pública, por la negativa del gobierno a dar una respuesta a las solicitudes plasmadas en el pliego marco y los pliegos sectoriales, que no solo plantean nuevas reivindicaciones sino el cumplimiento de acuerdos de años anteriores. Por otra parte, se denunció el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia (OIT, Plan de Acción Laboral, Hoja de Ruta, Adendo de DDHH con Canadá, compromisos laborales en los TLC, etc.) para superar los obstáculos al ejercicio pleno de las libertades sindicales, como son la violencia, la impunidad, la tercerización ilegal, los pactos colectivos, los contratos sindicales, los riesgos de pertenecer a un sindicato, y las restricciones al derecho de huelga y de negociación colectiva.

Revoquemos la farandulería de izquierda

Por: Antonio Larrota

Para iniciar este artículo quiero recordar las palabras del cura Camilo Torres “Ya estamos cansados de discursos, ya estamos cansados de promesas. Cuando vemos un movimiento masivo, veremos cómo se juntan a ellos, una cantidad de oportunistas de última hora que querrán usufructuar ese movimiento… Creo que nuestro pueblo, como decía Jorge Eliecer Gaitán es superior a sus dirigentes, tiene ya el olfato y la malicia indígena suficiente para saber cuál es el oportunista, el ambicioso, el personalista… Es importante, entonces, que nosotros veamos lo que ha pasado hasta ahora y comencemos con una mucha mayor exigencia, en disciplina, en organización de cuadros, en eficacia de lo que hemos venido hasta ahora. Debemos abandonar el carnaval y comenzar ahora en serio la revolución.”

En un país donde los salarios de los trabajadores son de los más bajos y, al mismo tiempo, los salarios de los congresistas son de los más altos en el mundo, todos sueñan con ser concejal, diputado, senador, lo que sea, con tal de adquirir los jugosos beneficios de estos puestos. Desafortunadamente en la actualidad, como lo señalaba Camilo, algunos sectores de izquierda se han llenado de oportunistas, que ven en las luchas sociales la oportunidad de salir del atolladero. Podría señalar muchos casos, como el del concejal Venus Albeiro Silva, que se prestó para la venta de la ETB; las clandestinas reuniones entre el senador Robledo y el Centro Democrático; o las alianzas de la adalid de la anticorrupción Claudia López con el alcalde Peñalosa, en fin, los mismos con las mismas prácticas de derecha.

Carta a Guy Ryder, Director General Organización Internacional del Trabajo

Ginebra, Suiza; Junio 12 de 2017

Señor:
GUY RYDER
Director General
Organización Internacional del Trabajo
Ginebra, Suiza


Asunto: Solicitud de intervención en conflictos laborales en Colombia.

Respetado señor,

En nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT, central sindical más representativa del país le extendemos un respetuoso y fraternal saludo y nuestras sinceras felicitaciones por su reelección como Director de tan importante organización para el mundo del trabajo; así mismo agradecemos su amabilidad al atender a nuestra delegación en la ciudad de Ginebra, el haber escuchado nuestra exposición y su interés por la situación social en Colombia.

La CUT ha celebrado el acuerdo de paz logrado en Colombia, con las FARC y confía el éxito en las negociaciones de paz con el ELN. En especial considera indispensable para aclimatar estos procesos, el cumplimiento de lo negociado con las FARC y la eliminación del paramilitarismo.

Actualmente en Colombia el descontento social ha generado múltiples manifestaciones de la población, siendo de las más representativas el paro cívico realizado en la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica colombiana y principal puerto marítimo del país, que duró más de 22 días y en el que se reclamaba por el abandono estatal. Estos reclamos sociales suelen no tener una atención adecuada del Gobierno sino que han sido tratados de manera criminal, mediante las fuerzas especiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD y la policía nacional.

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