Por: León Valencia
Ni el presidente Duque, ni el fiscal saliente Néstor Humberto Martínez, ni algunos sectores de la justicia de los Estados Unidos han entendido que el país ha cambiado y por eso han tomado decisiones y han hecho discursos como si estuviéramos en los tiempos de Pablo Escobar, o en los años de la dura confrontación con las Farc.
Han tratado a Jesús Santrich como si fuera el jefe de un cartel de las drogas y le han dado a Marlon Marín el estatus de un agente infiltrado capaz de incubar con pruebas fehacientes un jugoso proceso judicial. Están actuando frente a la JEP como si fuera un tribunal ordinario, no un conjunto de juristas con acendradas convicciones de protección de los derechos humanos que están ante una misión extraordinaria derivada de un acuerdo de paz.
Están prohijando acciones de las fuerzas militares frente a líderes sociales o a personas vinculadas a la paz, como en los tiempos del ascenso subversivo de las guerrillas donde resultaba fácil acusarlos de complicidad con estas fuerzas. Están invocando la guerra contra las drogas, como en el tiempo en el cual las organizaciones de narcotraficantes le plantaron un desafío de muerte a las instituciones del país y a los Estados Unidos y no era difícil convocar la solidaridad nacional para enfrentarlas.
Señores, se firmó la paz con las Farc, entiendan eso. Señores, una parte de las élites del país quieren dejar atrás la guerra y la narcotización de las relaciones exteriores y construir otra agenda para la Colombia del siglo XXI. Señores, la izquierda salió de la marginalidad política y entró a disputar la presidencia y tiene ahora una importante bancada parlamentaria, capaz de llegar a acuerdos con esas élites políticas que quieren cambios en la vida nacional. Esa es una nueva realidad que exige unos comportamientos distintos de los altos funcionarios públicos.
