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A manera de editorial, LOS GRINGOS Y LA PAZ

Por: Fabio Arias.
Fiscal de la Cut Nacional.


Se ha desatado en las últimas semanas una gran pugnacidad entre quienes defendemos la paz y quienes nos quieren devolver a la guerra.

El gobierno de Iván Duque y su mentor el senador Álvaro Uribe Vélez representando los señores de la guerra, han arreciado su frontal ataque contra los acuerdos de paz, Así el presidente Duque objeta por inconveniencia la ley estatutaria de la Jep, rechaza las decisiones de esta y de las Altas Cortes relativas a la constitucionalidad de los acuerdos de paz, el uso de la aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y la no extradición e Jesús Santrich.

En estas acciones del gobierno, ha estado medrando, ordenando e incentivándolas el embajador de Estados Unidos, aplicando medidas de intimidación como quitar las visas a Congresistas y Magistrados que no han acompañado las desafortunadas acciones del gobierno que solo atina a asentir, rodilla en piso esta odiosa injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos.

En defensa de la paz se han expresado las fuerzas sociales y políticas de la democracia, el progreso, el centro político y sectores del establecimiento, que frente a las objeciones de la JEP, no han dudado en oponerse, sumando así mayorías en el Congreso y demandando de las Altas Cortes pronunciamientos en igual sentido.

Declaración del PTC. Duque y el uribismo toman el camino de “volver trizas los Acuerdos de Paz”.

Declaración del Partido del Trabajo de Colombia - PTC

Duque y el uribismo toman el camino de “volver trizas los Acuerdos de Paz”

El anuncio del presidente Duque, conforme a los más oscuros designios del Centro Democrático y su jefe Álvaro Uribe, de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP y anunciar una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, es el mayor golpe que el uribismo y la más dura derecha han dado a la implementación de los Acuerdos de Paz.

La objeción es un claro incumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones derivadas del pacto que busca finalizar un conflicto armado y una violencia política que asoló a nuestro país por más de media centuria con costos incalculables en vidas, heridos, desplazamientos, personas en condición de discapacidad, daños a la infraestructura, daños irreparables al medio ambiente y dramáticas restricciones al ejercicio de la democracia.

En carta enviada hoy a la ONU, a su Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional, la sociedad colombiana, con la excepción de los sectores más retardatarios y guerreristas, señala que la posición del Gobierno de Duque es “un intento de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

El Procurador General también ha sido tajante en sus declaraciones, “Las objeciones son improcedentes, estamos en el campo del irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia, la Corte Constitucional ya realizó control único y posterior a la Ley Estatutaria de la JEP”.
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