Héctor Vásquez Fernández

La protección social en el plan de desarrollo: más de lo mismo

Por: Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.

El diagnóstico del problema está señalado por el Plan, al menos en sus cifras: “El país presenta déficits en la protección social de los trabajadores y la garantía de sus derechos fundamentales” (PND, 291)”.[1] El cuadro que sigue ilustra esta situación de manera más completa:



El Plan de Desarrollo se abstiene de señalar en el diagnóstico que los problemas de exclusión en materia de protección social evidencian la precariedad de nuestro Estado Social, debido a que no ha habido políticas públicas que materialicen los mandatos que sobre esta materia contiene nuestra constitución política, mandatos que hacen del nuestro un Estado Social, en el que el “el trabajo es un derecho que (en todas su modalidades) goza de la especial protección del Estado”.

A partir de la reforma de 1991, la constitución hizo de nuestro Estado un “Estado Social”, porque incluyó el capítulo II referido a los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la protección, la asistencia y la seguridad social de la población de la tercera edad (art. 46), la seguridad social como un servicio público y obligatorio, que debe basarse en la universalidad y la solidaridad (art. 48), el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (art.49).

Pero para que todos estos derechos sean una realidad y el “Estado Social” deje de ser un mero enunciado, se requieren políticas públicas progresivas que garanticen la protección social universal de toda la población trabajadora. Pero se van a cumplir 50 años de haberse expedido estos mandatos y la situación es todavía muy precaria para una amplia proporción de la población. Los hechos son bastante dramáticos:


    1. Los trabajadores desempleados y cesantes no cuentan con ingresos que les aseguren el mínimo vital mientras encuentran un empleo, distintos a sus cesantías, las que se agotan rápidamente. La protección social contra los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e invalidez apenas cubre al 51.5% del total de la población ocupada, dato que incluye apenas al 8.7% de los trabajadores por cuenta propia.
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