Mensaje de advertencia

You can't delete this newsletter because it has not been sent to all its subscribers.

El 8 de marzo y las prioridades de la lucha de las mujeres en Colombia

Por: Consuelo Ahumada

Profesora Universidad Externado de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Integrante del Comité Ejecutivo del Partido de Trabajo de Colombia.

La lucha histórica de las mujeres por sus derechos y reivindicaciones más sentidas, en el marco de una sociedad profundamente patriarcal y machista, ha tenido en Colombia avances incuestionables, en especial en lo que respecta a la legislación. Sin embargo, es conveniente analizar las enormes dificultades, resultantes de la situación actual, que el movimiento de mujeres debe afrontar.

Empecemos por destacar que a escasos meses de terminar la segunda década del siglo XXI, en el mundo predomina la extrema derecha con su agenda política, económica, social y cultural regresiva. Han tomado cada vez más fuerza las políticas excluyentes de todo tipo, en favor de los grandes negocios de las finanzas y el sector privado y de la concentración del ingreso y de la propiedad. Más que en ningún otro momento de las últimas décadas, estas políticas buscan minimizar el papel redistributivo del Estado, perseguir y atropellar a la creciente población de inmigrantes, incentivar la guerra, romper la legalidad internacional y desconocer realidades tan imperiosas como el cambio climático y el riesgo que representa para la supervivencia misma de la humanidad. Aunque las condiciones son difíciles para las luchas sociales y para las causas que desafían el orden vigente, la resistencia global a estas políticas también crece, en medio de una fuerte polarización social.

Un componente central de ese modelo basado en el fundamentalismo del mercado es el pensamiento oscurantista que resurge y se impone para tratar de legitimar las políticas predominantes y se expresa en el menosprecio y agresión a los sectores que históricamente han sido oprimidos y rezagados. No solo se busca resolver las crisis económicas golpeando a quienes viven del trabajo o tratan de hacerlo, sino también reprimir a quienes luchan por las causas más diversas y se oponen a todo tipo de discriminaciones de género, étnica, racial o religiosa.

En este mismo sentido, falacias como la llamada “ideología de género”, arraigada en los aspectos más regresivos del dogma cristiano-católico, han tenido un impacto negativo en los procesos electorales recientes en Estados Unidos, Brasil y Colombia, por mencionar solo algunos casos. Esta concepción, acogida como acto de fe por importantes sectores populares, es manipulada desde el poder y propagada por medios tradicionales y redes sociales. Pretende excluir cualquier expresión de diversidad frente a un supuesto modelo único de organización de la familia, la escuela y la sociedad. Proviene de la visión patriarcal, que busca legitimar la subordinación de la mujer al hombre, su condición de inferioridad, y su supuesta disposición natural para el trabajo del cuidado, no remunerado, en la sociedad. En el fondo, si la mujer es considerada como propiedad del hombre, se justifica la violencia doméstica y el feminicidio, cuyas cifras crecen en forma dramática en Colombia. Este enfoque retrógrado es un obstáculo de mucho peso para alcanzar la equidad de género en la sociedad, por lo que es fundamental controvertirlo y contribuir a desvirtuarlo por completo.

Pero hay otros factores que agravan la situación y obstaculizan la lucha de las mujeres en nuestro país. Cuando apenas han transcurrido meses del gobierno de Iván Duque, el panorama es bastante desalentador, por decir lo menos. Tal como podía esperarse, el retorno del Centro Democrático al poder ha traído en la práctica un tercer mandato de su jefe y mentor, Álvaro Uribe, y su intento para nada encubierto de retornar a los oscuros tiempos de la mal llamada “seguridad democrática”. En medio de los múltiples problemas y desaciertos, hay tres aspectos que deben tenerse en cuenta para orientar la lucha de las mujeres en el momento actual.

El primero tiene que ver con la profundización de las políticas excluyentes, manifiesta en el proyecto de Plan de Desarrollo que se discute en el Congreso y en medidas económicas como el recorte drástico del gasto público, la ley de financiamiento o reforma tributaria aprobada en diciembre pasado y la eliminación o restricción significativa de los subsidios de vivienda y de servicios públicos y sociales para la clase media y los más pobres. Pero también se prepara una reforma regresiva al régimen de pensiones, así como otras medidas sociales y laborales del mismo corte.

El impacto de todas estas políticas sobre la condición de los trabajadores, particularmente las mujeres, es definitivo. Debido a su excesiva responsabilidad en el cuidado del hogar, son las mujeres las que tienen mayor presencia en la informalidad y en el llamado trabajo de cuenta propia. Tienen menor acceso al empleo decente, a la seguridad social y a la posibilidad de obtener una pensión. Según datos proporcionados periódicamente por la Cepal y ratificados por la Escuela Nacional Sindical en Colombia, la pobreza es asunto de mujeres, por cuanto en todos los países de la región su porcentaje es más alto que el de los hombres.

El segundo asunto grave que marca la situación nacional es la intención cada vez más explícita del gobierno de acabar con el Acuerdo de Paz de La Habana y de retornar a la larga noche del conflicto armado en Colombia, cuya existencia por lo demás desconocen. Al incumplimiento de los acuerdos se suma el saboteo permanente al trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, considerada su columna vertebral. Se pretende borrar de un tajo la memoria histórica y la reparación de las víctimas. Como puede esperarse, tampoco se ha avanzado en lo que respecta a los temas y las metas correspondientes al enfoque transversal de género, incluidos de manera expresa en el acuerdo. La introducción de este enfoque fue el resultado de la presión de la lucha de las mujeres por décadas y de reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que pusieron de presente el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres, en especial en las zonas rurales. El asesinato creciente de líderes sociales, frente al cual el gobierno nacional no ha tomado ninguna medida efectiva, ha incluido un buen número de mujeres.

Por último, el tercer motivo de preocupación, quizás el más grave por su inminencia, es la posibilidad cada vez más cierta de que el gobierno colombiano se preste para un conflicto bélico con Venezuela, instigado por los intereses imperiales en la región y las ambiciones reeleccionistas del presidente Donald Trump. El creciente malestar que se vive en la frontera, incentivado desde el lado colombiano, no es un buen augurio para la paz.

Como puede verse, la agenda de las mujeres para alcanzar sus derechos y reivindicaciones es bastante diversa y ardua y está intrínsecamente ligada a la lucha por alcanzar una sociedad más justa, consolidar la paz y, en forma paralela, contribuir a desterrar las prácticas derivadas del patriarcado.