Editorial. Un paro nacional fuera de serie, una batalla social extraordinaria.

El paro nacional que sacude a Colombia, vigoroso y en auge, ha hecho emerger señales de crisis del régimen. Un vocero de los ultras de derecha clama por el reemplazo de Duque. En el Senado se aplazó el trámite legislativo hasta escuchar voceros del Comité Nacional de Paro. La muerte del joven Dilan Cruz a manos del Esmad provoca una oleada de indignación nacional. La maniobra del presidente Duque, de ganar tiempo con un simulacro de diálogo nacional, recibe el rechazo del Comité de Paro. En suma, desorden y agudas discrepancias en la extrema derecha, dificultades en la agrietada coalición de gobierno para el respaldo a la política oficial, rechazo nacional a la represión y a la brutalidad policial, y exigencia de respuesta a sus reclamos del Comité de Paro al presidente Duque. Entretanto, el paro y la gran movilización siguen.

La irrupción de las muchedumbres callejeras ha sido superior en amplitud y alcance a cuantas la precedieron en décadas anteriores. Enfrenta la voluntad del gobierno de desmantelar los acuerdos de paz, arremeter contra las libertades y garantías constitucionales y legales, y profundizar el modelo antisocial que tantos estragos causa en América Latina y el mundo entero. A la sucesión de fiascos y escándalos oficiales, se agregaron los niños muertos en el bombardeo del Caquetá y los anuncios de nuevas medidas oficiales contra el pueblo. Los desafueros exacerbaron el repudio de la opinión democrática, convirtiéndose en detonante de una descomunal erupción de inconformidad social.

Calles y plazas se repletan por un arrollador torrente de trabajadores, maestros, estudiantes, desempleados, artistas e intelectuales, pobladores de los barrios populares, indígenas y afros, amplios sectores de capas medias y aún de estratos sociales altos. La gente se moviliza por la paz, la democracia, y la defensa y el mejoramiento de su nivel de vida. La batalla social clama por el cumplimiento de los acuerdos de paz, los derechos y libertades civiles, la defensa de la vida de los líderes sociales, el salario decente, la salud, la educación, las pensiones, las reivindicaciones de los pueblos ancestrales y afros, los derechos de los niños, la equidad de género, los derechos de la población Lgtbi y la protección del medio ambiente. Sobresale la masiva presencia de jóvenes y mujeres cuyas reivindicaciones cobran inusitada altura. Los 13 puntos planteados por el Comité Nacional de Paro ante el gobierno el pasado 26 de noviembre, repudian y exigen que se eche atrás o se descarten los proyectos y medidas oficiales impuestas o anunciadas[i], y además de la disolución del Esmad, el cumplimiento de acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno con distintos sectores sociales[ii]. La muchedumbre que atestó el espacio público con sus impetuosas marchas desde el 21 de noviembre, reveló que Colombia vive un extraordinario momento. La explosión social democrática inundó las movilizaciones con un entusiasmo y un ambiente festivo en un sinnúmero de manifestaciones. Consignas voceadas en atronadores estribillos, pancartas y avisos multicolores, conjuntos musicales y danzas, representaciones teatrales, disfraces, conciertos, el resonante cacerolazo y mil más variedades expresivas, todas contra Uribe y Duque, denuncian la creciente tendencia fascista del gobierno y su inhumanidad neoliberal, y propalan el mensaje político y social del paro por toda Colombia. La insubordinación desatada en Colombia forma parte del alzamiento social que estalló en Chile, Ecuador, Haití y de los que se ven venir en otros países del subcontinente. El oleaje de masas choca de frente contra el molde de degradación económico-social y subyugación nacional impuesto por Washington. El secretario de Estado de la administración Trump, Pompeo, patrocina y azuza a las fuerzas progringas de nuestras enajenadas repúblicas; delata el temor a la marea alta de los pueblos, vista cual fantasma sepulturero del viejo imperio.

Siendo el cumplimento de los acuerdos de paz y el descarte del ruinoso y antisocial modelo neoliberal las dos cuestiones más importantes de la vida nacional, y habiéndose constituido en banderas principales del paro, puede decirse que del desenlace de esta gran rebelión social en curso depende la suerte inmediata y el rumbo general de Colombia. Fue el acuerdo final de paz lo que abrió una etapa de grandiosas acciones de masas: la más alta votación obtenida por un candidato presidencial progresista, una aún mayor contra la corrupción oficial, la recuperación de la alcaldía de Bogotá, la primera gran derrota del uribismo en las urnas, y ahora una monumental movilización del pueblo no vista desde el 9 de abril de 1948.

La repetida y obcecada actitud del gobierno ante el paro aceleró la erosión de la muy escasa credibilidad pública que aún le resta. Primero trató de desalentar el paro, luego propaló que este instigaba el desorden, el vandalismo y la violencia. Simultáneamente, lanzó una campaña de represión e intimidación, mientras prosigue su política contra los acuerdos de paz, decreta nuevas medidas neoliberales y busca la aprobación legislativa de otras más. La operación intimidante sobre conjuntos residenciales en Bogotá y Cali mediante cuadrillas fletadas fue ampliamente denunciada y recibió contundente y masivo repudio. Ni la agresión policial contra los manifestantes, única respuesta a las reclamaciones ciudadanas, ni la frescura con que afirma que no existen razones para el paro han logrado la desmovilización. Tampoco la pretensión de embaucar a la opinión pública atribuyendo la responsabilidad de los males y desmanes que en Colombia han sido al Foro de Sao Paulo, a cubanos y venezolanos, y a Gustavo Petro. Ante la cortante negativa del gobierno a los puntos del Comité Nacional de Paro, reiterada en la reunión del 3 de diciembre, una masiva movilización se proyecta hacia adelante poderosa y compacta. Se palpa un visible y creciente aislamiento de la administración Uribe-Duque; la imagen desfavorable del presidente se ensancha y su gobierno se debate a la defensiva. El descontento del ala ultra del uribismo con el manejo presidencial de Duque, se expresa en la exigencia de una represión aún más acentuada. El mismo portavoz uribista que pide el reemplazo de Duque le replicó a este, para recalcarle su subordinación al “presidente eterno”, que había sido Uribe quien había ordenado “métanme a Duque en la lista de Senado”, verdadero inicio de su carrera hacia la Casa de Nariño.

La unificación del proceso democrático colombiano recibió un potente impulso proveniente de la gigantesca movilización social. El Comité Nacional de Paro lleva a cabo una política en procura de la vinculación de los sectores sociales que se han movilizado a una expresión representativa única de la lucha, como de los sectores políticos que en el Congreso se oponen al paquetazo de medidas del gobierno o que cuestionan y se muestran renuentes a respaldar el proyecto oficial antidemocrático y contra la paz. Importantes pasos de avance hacia la integración en un solo haz, de los sectores que reclaman sus reivindicaciones para entrelazarlas en el gran pleito nacional entablado contra la minoría opresora y explotadora. La mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso, muchos Alcaldes y Gobernadores electos, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Colombiana, el comité nacional del Consejo de Paz, numerosas universidades y la ONU, han manifestado al gobierno la importancia de reconocer a los interlocutores del paro nacional e iniciar con ellos diálogo directo. Tanto Gustavo Petro como la nueva alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López -los principales líderes del movimiento democrático-, han respaldado el paro y refutado al presidente Duque. La enorme fuerza de la ciudadanía en la calle -y apostada frente al domicilio privado de Duque- obligó al gobierno a designar su intermediario para las negociaciones, y a aceptar la reunión directa con el Comité Nacional de Paro. El resultado, la negativa del presidente a todas las propuestas, el inicio de la aprobación de la reforma tributaria y el pupitrazo a la ley encaminada a exonerar de su condena a Uribito, el valido del expresidente mandamás de la extrema derecha colombiana. Ante tan abierto desconocimiento y desafío, los colombianos que se han movilizado durante 14 días, y el país democrático que los apoya, comprenden que la lucha continúa.

Las marchas y concentraciones que volvieron a inundar calles y plazas el 4 de diciembre son elocuente respuesta. Cuando están programadas concentraciones, movilizaciones y un gran concierto hasta más allá de la primera semana de diciembre, el pulso entre el pueblo y el gobierno Uribe-Duque entra en su fase crítica. La movilización social seguirá repletando los lugares públicos del país. En el final del 2019, y en el nuevo año venidero, sus reclamos se seguirán planteando con tanta y más fuerza que hasta hoy, y serán consecuentemente defendidos.

Bogotá, 4 de diciembre de 2019