Después de 98 días de huelga, trabajadores de La Jagua quedaron “anclados” en un tribunal de arbitramento

“Estamos ante la impotencia total”, exclama Ricardo Machado, presidente del sindicato Sintramienergética, refiriéndose a la situación en que quedaron los trabajadores de Carbones de La Jagua, filial de la multinacional suiza Glencore, luego de la desgastante huelga que adelantaron durante 98 días, la más larga de los últimos años en Colombia.

Y lo dice porque terminaron obligados por el gobierno a acatar el Tribunal de Arbitramento, el cual juega en su contra porque la empresa, cuya política antisindical es ampliamente conocida, aprovecha los vacíos que la legislación tiene para esta forma de mediación arbitral, le está dando largas a la solución de este conflicto laboral. 

En efecto, después de un mes de convocado el tribunal todavía no arranca, lo que vislumbra el riesgo de que se prolongue indefinidamente, dado que la Glencore ha demostrado ser “campeona” en dilatar estos procesos a punta de triquiñuelas jurídicas. En dos de sus filiales: Prodeco y Consorcio Minero Unido (CMU) hace 3 y 2 años respectivamente se convocaron tribunales de arbitramento para dirimir conflictos laborales, y esta es la hora en que ninguno se ha instalado, situación que sólo favorece los intereses de la multinacional suiza, que sigue bien campante porque en Colombia no hay un poder que la  presione y la obligue.

Claro que eso de procesos de arbitramento eternos, no es raro en Colombia, donde hoy hay unos 150 tribunales “congelados”, lo que casi siempre corre en perjuicio de los trabajadores, que en el entretanto ven cómo también se les congela la convención colectiva y los aumentos salariales.

“Estamos maniatados. En este país los conflictos laborales no pueden resolverse políticamente por las trabas y artimañas que ponen el gobierno y el empresariado, y jurídicamente tampoco porque la justicia casi siempre falla en contra de los trabajadores. En la práctica se están negando el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva”, señaló el presidente de Sintramienergética, sindicato que tiene 70 años de existencia. 

Y en su caso, la Glencore niega este derecho aun con altos costos para ella misma. O si no, cómo se explica que haya preferido dejar que la huelga se prolongara 98 días, dejando de producir 3 millones de toneladas de carbón por valor de 200 millones de dólares, cuando el pliego petitorio que presentaron los trabajadores vale 16 millones de dólares al año, según cálculos del sindicato. La  negativa de la empresa a negociar este pliego fue lo que originó la huelga.

Es un pliego que contempla aumento y estabilidad laboral, servicios de salud e incapacidades, transporte, alimentación, entre otros; en todo caso muy modesto si se compara con los multimillonarios rendimientos económicos de la empresa, la cuarta más grande del sector carbonífero colombiano, con activos por $617.568 millones, ingresos operacionales por $333.044 millones y utilidades por $7.037 millones.

Según Sintramienergética, la Glencore pretende nivelar las condiciones laborales en las distintas filiales que tiene en Colombia, pero con base en las peores, no en la mejores. De ahí que se haya negado a negociar los 7 puntos del pliego presentado por los trabajadores de Carbones de La Jagua, la única empresa donde ha firmado convención colectiva. Quiere eliminar estos 7 puntos porque éstos no están incluidos en el pacto colectivo que impuso en sus otras filiales. Es decir, nivelar por lo bajo. 

Antisindicalismo e irresponsabilidad social empresarial

Lo ocurrido en La Jagua guarda correspondencia con el récord antisindical de la Glencore, que es bastante conocido no sólo en Colombia sino en todos los continentes donde opera, especialmente en África. Además, dentro de las grandes multinacionales que explotan nuestro carbón, es la que más malas condiciones laborales y salariales ofrece. Mientras, por ejemplo, en las minas de la Drummond y El Cerrejón casi todos los trabajadores tienen contrato directo, en el complejo carbonífero de La Jagua más del 50% es tercerizado, y por lo mismo con precarias condiciones laborales.

Y en cuento a responsabilidad social empresarial también deja todo que desear. “En sus comunicados la empresa culpa a los trabajadores y al sindicato de las  enormes pérdidas que tuvo, cuando la huelga se dio por su arrogancia y negativa a solucionar las modestas peticiones de los trabajadores. Ahora está respirando por la herida y sigue atizando el conflicto. Incluso alista una demanda para cobrarle al sindicato lo que dejó de ganar”, advirtió al respecto Ricardo Machado.

Además denunció como simple “pose” los comunicados en los cuales pregona su responsabilidad social empresarial, cuando, a parte de birlar los derechos laborales, la Glencore no cumple sus obligaciones con las comunidades de la región donde opera. ¿O acaso le importa suerte de los campesinos de El Prado, Plan Bonito y  Boquerón?, pregunta el sindicato. ¿O la suerte de las más de 500 familias de campesinos afectados por el desvió del río Calenturitas, a las que aún no indemniza como está obligada? ¿O acaso ha sentido algún remordimiento por quedarse con las regalías que le corresponden al país?

Esto último se refiere a la investigación que abrió la Contraloría por la evasión de 100 millones de dólares en regalías, resultado de partir la producción en varias empresas pequeñas en una misma zona carbonífera y operadas con los mismos trabajadores, estratagema que, según Jorge Gamboa, responsable de la acción sindical en el sector minero-energético por parte de la CUT Nacional, “le permite evadir responsabilidades contractuales con el Estado (pago de regalías), mantener una alta tercerización laboral, escamotear los derechos de los trabajadores y bloquear la organización sindical”.

Esa fue la base del fallo que el 27 de agosto, cuando la huelga llevaba 38 días, profirió el Tribunal Superior de Valledupar, que la declaró legal en respuesta a la demanda de ilegalidad que pretendía lograr la empresa, con el argumento de que los trabajadores se habían extralimitado al paralizar no sólo a Carbones de La Jagua sino a las otras dos filiales de la Glencore en el mismo complejo carbonífero: Consorcio Minero Unido (CMU) y Carbones del Tesoro. El sindicato demostró que no hay fronteras territoriales entre estas tres empresas, y que los trabajadores, sin importar a cuál pertenezcan, prestan servicios a todas.

El caso es que Carbones de La Jagua opera con 430 trabajadores, en su mayoría directos y sindicalizados, y reporta el mayor volumen de producción: 60%; mientras que CMU y El Tesoro tienen más de 2 mil trabajadores, en su mayoría tercerizados y sin organización sindical. Pero estas dos sólo reportan el 40% de la producción, lo que se explica porque los trabajadores rotan indistintamente en todo el complejo carbonífero. Esa situación llevó, en julio de este año, a que Sintramienergética solicitara al Gobierno declarar la unidad de empresa para estas 3 filiales de la Glencore, sin que hasta ahora se haya pronunciado al respecto.

Triquiñuelas jurídicas

Fiel a su política de enredarlo todo con triquiñuelas jurídicas, en medio de la huelga las directivos del complejo carbonífero pusieron a los empleados administrativos de CMU a entablar tutelas contra el sindicato, aduciendo que con la huelga éste les estaba violando el derecho al trabajo. Puso 25 tutelas en juzgados de La Jagua, Sincelejo, Barranquilla, Bucaramanga, con la esperanza de que en alguno de ellos un juez le diera la razón. Todas estas tutelas fueron declaradas improcedentes.

Pero no contenta con eso, interpuso una acción judicial ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y tres amparos administrativos en la alcaldía de La Jagua, a fin de que la fuerza pública desalojara a los huelguistas, aduciendo que estaban invadiendo terrenos privados. También les fueron negados.

Y cuando la huelga pasó de los 60 días, acudió de nuevo al Tribunal Superior de Valledupar para buscar la declaratoria de ilegalidad, apelando a la normatividad  que aplica cuando la huelga pasa de este tiempo, y que entre otras cosas es susceptible de varias interpretaciones. Y esta vez el Tribunal sí aceptó la demanda de la empresa, la cual no pudo ser notificada a las partes debido al paro en la rama judicial.

Se llega a Tribunal de Arbitramento

Cuando la huelga pasó de los 60 días, el Ministerio de Trabajo apeló a la Ley 1210 de 2008, que establece que cuando una huelga pasa de este tiempo se debe buscar la mediación de una subcomisión tripartita nombrada por la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Pero tal medición fracasó por la intransigencia de la empresa, que se mantuvo en su empeño de eliminar los 7 puntos del pliego petitorio de los trabajadores.

Posteriormente el gobierno convocó a las partes a dirimir el conflicto laboral en un Tribunal de Arbitramento obligatorio, previo levantamiento de la huelga, determinación que el sindicato, respetuoso de la legislación, le tocó acatar. Levantó la huelga y reactivó la producción, confiando en que el Ministerio y la Empresa tendrían la voluntad política para resolver el conflicto.

Pero no ha sido así. Para Jorge Gamboa, de la CUT: “El Gobierno intermedió sólo para levantar la huelga, no para solucionar el conflicto. Lo único que hizo fue servir de puente para imponer el tribunal e invitar a la empresa a negociar, no presentó una fórmula para buscar un acuerdo y finiquitar el conflicto. Sólo cumplió el papel de conciliador, no el que ha debido jugar, y dejó sin límite de tiempo la instalación del tribunal de arbitramento. Entonces los trabajadores pierden el derecho a huelga y pierden la huelga, lo único que falta es que los despidan”.

Por su parte, Ricardo Machado recordó que el mismo día en que el Ministerio convocó el tribunal de arbitramento, al complejo carbonífero se presentó un piquete del SMAD con el ánimo de desalojar por la fuerza a los huelguistas, sin esperar que se cumplieran las 48 horas de ley. Para evitar enfrentamientos y posible derramamiento de sangre, ese mismo día el sindicato levantó la huelga y en asamblea general procedió a nombrar su árbitro ante el Tribunal.

La norma establece 10 días para que haya un fallo arbitral, pero ya ha pasado casi un mes y el Ministerio aún no ha notificado a las partes ni ha nombrado el tercer árbitro, dilación que, según Machado, juega a favor de la empresa, tal como ha ocurrido en Prodeco y  CMU. En esta última despidió ya 56 trabajadores, a no pocos los ha hecho renunciar al sindicato, y a otros los ha presionado a firmar conciliaciones por 10 o 15 millones de pesos, suma muy inferior la que en derecho deben recibir.

En conclusión, después de 98 días de huelga, los trabajadores de La Jagua se chocaron con la intransigencia de la multinacional, la laxitud del Gobierno y los huecos de la legislación, y como resultado quedaron “anclados” en un tribunal de arbitramento que no saben cómo ni cuándo se va a instalar.