Carlos Julio Díaz

Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: sí… pero no

Por: Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Un rasgo en el estilo de gobierno del Presidente Duque es que dice SI…pero a renglón seguido se hace lo contrario. Veamos:

Dice SI a la lucha contra la corrupción, pero después no da apoyo a las iniciativas legislativas que se desprendieron de la consulta anticorrupción. Dice SI a la Paz, pero no le hace fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, ni compromete recursos para la reforma rural, ni mucho menos habla de la restitución de tierras. Dice que la solución a la crisis venezolana debe ser por la vía diplomática y no por la militar, pero su embajador en EE.UU[1] y su política exterior colocan a Colombia como punta de lanza de una probable intervención militar en el hermano país por parte de EE.UU.

Igual suerte corre el Trabajo Decente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

La primera pregunta que uno debe hacerse es qué entiende el Gobierno por “Pacto”. La OIT lo considera una modalidad de diálogo social a nivel país, o entre sindicatos, agremiaciones de empleadores y gobierno. El Pacto es un instrumento típico del Estado Social en temas que van más allá de los asuntos laborales, como la política social y económica. De los pactos pueden hacer parte incluso actores sociales y organizaciones más allá del tripatismo clásico.

En la introducción del proyecto, las Bases del Plan, se intenta responder a la pregunta: ¿por qué este pacto por Colombia? Se dice: “El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación”.

Parece que el PND entiende por “Pacto” el acuerdo entre el Gobierno en sus diferentes niveles y los inversionistas privados, es decir el sector empresarial. El sindicalismo no parece hacer parte de los invitados a este esfuerzo de concertación. Es un Pacto sobre temas estructurales, transversales y regionales, supuestamente articulados.

Colombia quedó fuera de “Lista negra” de OIT. La Conferencia ha servido como tribuna de denuncia

Por: Carlos Julio Díaz L. Director ENS



A pesar de existir razones más que suficientes para que Colombia hiciera parte de los casos sobre los cuales los gobiernos son invitados a comunicar informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas, por incumplimiento de los convenios ratificados, nuestro país quedó excluido de la lista final de 24 países.



Colombia hizo parte de la lista inicial de 40 países que publicó la OIT como candidata a ser llamada a la Comisión de Normas, por incumplimiento del Convenio 87, pero en el marco de las negociaciones y de la filigrana diplomática no se logró el propósito de que fuera uno de los 24 países que deben dar explicaciones en la Conferencia.



No obstante, los voceros de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y de la Unión Sindical Obrera, han aprovechado los diferentes espacios en las Comisiones para denunciar los asesinatos de líderes sociales y la violencia anti-sindical, que no desaparece y muestra altos índices de impunidad; la judicialización y militarización de los conflictos laborales, y las limitaciones legales y acciones de hechos que dificultan el ejercicio de los derechos de libertad sindical.



Se ha puesto de presente la gran movilización nacional del sindicalismo de empleados de la administración pública, por la negativa del gobierno a dar una respuesta a las solicitudes plasmadas en el pliego marco y los pliegos sectoriales, que no solo plantean nuevas reivindicaciones sino el cumplimiento de acuerdos de años anteriores.
Por otra parte, se denunció el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia (OIT, Plan de Acción Laboral, Hoja de Ruta, Adendo de DDHH con Canadá, compromisos laborales en los TLC, etc.) para superar los obstáculos al ejercicio pleno de las libertades sindicales, como son la violencia, la impunidad, la tercerización ilegal, los pactos colectivos, los contratos sindicales, los riesgos de pertenecer a un sindicato, y las restricciones al derecho de huelga y de negociación colectiva.

Formalizar precarizando y aumentar rentabilidad de Fondos Privados

Por: Carlos J. Díaz Lotero*



Según la Superintendencia Financiera, en Colombia hay 1'337.723 personas pensionadas, de las cuales el 91% (1'246.643) están en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, o sea el régimen público; y el 9% (111.080 personas) en los fondos privados.



De los 6,4 millones de afiliados a Colpensiones solo cotizan 2,8 millones, mientras que en las Administradoras de Fondos Privados, de los 13,8 millones de afiliados, cotizan 6,2 millones [i].



Durante la instalación del X Congreso de los Fondos de Pensiones realizado recientemente en Cartagena, el presidente del consejo directivo de Asofondos, Miguel Largacha, planteó la importancia de una reforma pensional, así como medidas laborales para formalizar el empleo, dado que dos terceras partes de la fuerza laboral está en la informalidad, es decir no cotiza al sistema contributivo de la seguridad social. Asimismo, informó que los ahorros de los casi 14 millones de afiliados a los fondos privados ascienden a $199 billones, equivalente al 82% del presupuesto de la nación para este año.



Digamos que en principio es válida la propuesta de formalizar el trabajo para ir aumentando la cobertura pensional, pues hoy solo el 34% de los ocupados cotiza al sistema. El problema de la propuesta de Asofondos es que la formalización la fundamentan en el desgastado supuesto de que el empleo formal es resultado directo de la reducción de costos laborales, empezando por el desmonte de las contribuciones parafiscales.

Implicaciones de la suspensión provisional del Decreto 583 sobre tercerización laboral

Por: Carlos Julio Díaz Lotero.

Director de la ENS




La ley 1429 de 2010 (ley de formalización y generación de empleo) en su artículo 63 estableció que “el personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.



De esta manera a las empresas y entidades, públicas y privadas, se les prohibía la contratación de trabajadores mediante terceras empresas para realizar actividades misionales y permanentes. Es decir, para realizar labores asociadas al objeto social que son aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción de los bienes o servicios que las caracterizan. Por ejemplo, en un hospital los médicos y personal de enfermería desarrollan actividades misionales, en una empresa de transporte los conductores desarrollan actividades misionales, la función de recaudo de impuestos en la secretaría de hacienda de un municipio es una actividad misional, la docencia en un colegio es una labor misional.



El decreto 583 del 2016, al reglamentar el artículo 63 de la ley 1429 del 2010, dio un retroceso en esta prohibición cuando, en su artículo 6, plantea:

Proyecto de reforma tributaria ¿Realmente promueve la inversión, el empleo y la equidad?

Por: Carlos Julio Díaz.



Colombia se caracteriza por tener elevados índices de pobreza. Dentro del contexto internacional es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, situación de la que es responsable, en parte, la política de gastos y recaudos públicos.



El gasto público tiene como finalidad dotar a la sociedad de cierta cantidad de bienes colectivos, como la justicia, la seguridad, la defensa nacional, carreteras, parques, servicios públicos domiciliarios, salud, educación, etc., siendo el gasto público social prioritario por mandato constitucional para que tenga un efecto redistributivo.



No obstante, el presupuesto de gasto público dedica casi el 25% al servicio de la deuda ($50 billones en el 2016) que favorece al capital financiero. También las ayudas y subsidios benefician muchas veces más a los ricos que a los pobres, como se evidenció con el escandaloso programa Agro Ingreso Seguro. Pero el mayor problema que distorsiona la finalidad del gasto público, es el fenómeno de la corrupción, que, según un informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas, le costó al país alrededor de $189 billones entre los años 1991 y 2010, equivalentes al 4% del PIB durante esos 19 años.

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