Mensaje de advertencia

You can't delete this newsletter because it has not been sent to all its subscribers.

Alberto Orgulloso

Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso

Por: Alberto Orgulloso, director General de la ENS

Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.

Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.

Con este Plan los trabajadores y los sectores pobres quedan expuestos y más vulnerables, en la medida que adopta “los contratos por horas”, “la cotización por horas” (flexiseguridad), un pago mayor de los aportes a seguridad social por parte de los trabajadores independientes, que pasaría del 40% sobre el ingreso recibido, al 55% del ingreso base.

Asimismo, le apuesta a una medida ya fracasada: tratar de convertir por decreto a los trabajadores en emprendedores o “empresarios”, lo que en últimas es una figura disfrazada del empleo cuenta propia o autónomo, o trabajo precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas y las redes de vendedores y promotores de productos por catálogo, e incluso trabajadores independientes por prestación de servicios, pero sin garantías laborales.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, el gobierno está obligado a cumplir la constitución política, la ley y el derecho internacional. En tal sentido, está obligado a acoger y cumplir las recomendaciones de la OIT, los ODS y los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC, que son tratados internacionales vinculantes, y las observaciones de la OCDE en varios temas sensibles.

Subscribe to RSS - Alberto Orgulloso